Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha revelado una "actividad fraudulenta a gran escala" en la concesión de pensiones por invalidez, con un desvío de fondos estimado en 3.400 millones de dólares en el último año.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó sobre los resultados de esta auditoría, la cual fue liderada por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo. La revisión cubrió los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, cuando las pensiones no contributivas por invalidez aumentaron de 79.000 a 1.000.045. Para diciembre de 2023, el número de beneficiarios ascendió a 1.222.000, un incremento "estratosférico" según Adorni, inusual incluso para un país que haya enfrentado guerras o catástrofes naturales.
Adorni detalló varias irregularidades, como en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde 683 empleados reciben una pensión por invalidez, de las cuales el 65% fueron otorgadas en menos de 30 días. En Chaco, se presentó la misma radiografía de hombro en 150 solicitudes de pensiones. Además, en 2022, un médico de Corrientes incluyó la radiografía de un perro en un certificado de invalidez, cuyo documento Adorni mostró a la prensa.
"Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, con un desvío de fondos estimado en 3.400 millones de dólares, más de medio punto del producto bruto. Hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando", afirmó Adorni.
Adorni también señaló que "60.000 personas presentan incompatibilidad de requisitos, teniendo múltiples autos, propiedades, y hasta aviones privados. Cada pensión fraudulenta incluyó el servicio de obra social Incluir Salud, con un costo promedio de 1,5 millones de pesos por afiliado".
El vocero subrayó que las pensiones por discapacidad deben ser para quienes realmente lo necesiten y que cualquier pensión otorgada fraudulentamente será denunciada penalmente, afirmando que la corrupción se acabó bajo la administración del presidente Milei.
Aunque Mendoza no figura entre las provincias con más irregularidades, como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires, se investigará a los 47.414 beneficiarios (3,9% del total nacional) de pensiones por discapacidad en la provincia.