La justicia argentina pidió formalmente la captura internacional de Nicolás Maduro

El juez federal Sebastián Ramos emitió este miércoles una orden de captura internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mano derecha, Diosdado Cabello, con fines de extradición a la Argentina. Ambos están siendo investigados por violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su régimen, según informaron fuentes judiciales.

La solicitud de Ramos se da en cumplimiento de una orden dictada por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que instruyó avanzar en la investigación por casos de tortura y secuestros en Venezuela. Además de emitir las órdenes de captura, el magistrado solicitó que Interpol colabore en la detención y extradición de los implicados, siguiendo los procedimientos establecidos por la Organización Internacional de Policía Criminal.

En el mismo fallo, el juez instó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina a proporcionar información actualizada sobre las gestiones internacionales vinculadas a la causa, tras varios meses sin respuestas satisfactorias. También se pidió, de manera urgente, que el área jurídica de Cancillería responda a un oficio enviado el 11 de septiembre, bajo amenaza de citar a sus responsables si no cumplen en un plazo de 48 horas hábiles.

La causa fue impulsada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, que incluye al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, y contó con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan. Inicialmente, el fiscal Carlos Stornelli había solicitado las detenciones de Maduro y Cabello, pero Ramos optó por esperar a concluir la recolección de pruebas antes de avanzar con el pedido de captura.

Sin embargo, la Cámara Federal revocó esa decisión tras escuchar el testimonio de víctimas venezolanas exiliadas en Argentina. Entre ellas, se destacó el relato de un exfuncionario del Ministerio Público venezolano, quien denunció haber sido secuestrado y torturado en 2017 por intentar implicar a altos mandos del régimen en el asesinato de manifestantes opositores.