El Gobierno nacional anunció un programa de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para impulsar créditos destinados a la primera vivienda. Aunque el mecanismo está contemplado dentro de las inversiones permitidas por la normativa, distintos sectores advierten sobre el riesgo de inmovilizar recursos que forman parte del sistema previsional.
El Gobierno nacional anunció un nuevo esquema para ampliar el acceso a los créditos hipotecarios y promover la compra de la primera vivienda. El programa utilizará hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la ANSES, aunque el dinero no será entregado directamente a las familias, sino a los bancos para que otorguen los préstamos.
La iniciativa contempla que el FGS coloque fondos en depósitos a plazo fijo de los bancos mediante licitaciones. A cambio, las entidades financieras deberán utilizar esos recursos para ofrecer préstamos hipotecarios bajo determinadas condiciones.
Cómo funcionará el nuevo programa de créditos hipotecarios en Argentina
El mecanismo diseñado por el Gobierno establece que el FGS realizará licitaciones de depósitos a plazo fijo en entidades financieras.
Los bancos que obtengan esos recursos deberán destinarlos a créditos hipotecarios para primera vivienda, bajo parámetros establecidos por el programa.
Entre las principales condiciones anunciadas se encuentran:
- Monto máximo: 150.000 UVA.
- Plazo mínimo: 15 años.
- Tasa máxima para los créditos: UVA más 7,5%.
- Destino: primera vivienda.
- Monto total del programa: $2 billones.
Los préstamos podrán utilizarse para comprar, construir, ampliar o refaccionar una primera vivienda, de acuerdo con las condiciones anunciadas. El Gobierno sostuvo que el esquema podría generar soluciones habitacionales para aproximadamente 17.000 o 18.000 familias.
Cuánto dinero habría que tener para acceder al crédito
Durante la presentación, el ministro de Economía utilizó como ejemplo una propiedad valuada en aproximadamente US$106.667.
En esa simulación, el crédito cubriría el 75% del valor de la vivienda, equivalente a unos US$80.000, mientras que el comprador debería contar con el 25% restante como ahorro propio.
Eso significa que, para una propiedad de ese valor, el comprador necesitaría alrededor de US$26.667 de ahorro previo que tiene que tener para que le otorguen el crédito hipotecario.
Sin embargo, ese porcentaje no necesariamente será igual para todos los solicitantes. Las condiciones vinculadas con el nivel de ingresos, la antigüedad laboral, la edad, la documentación y el porcentaje de ahorro requerido podrán variar según cada banco.
En el ejemplo presentado por el Gobierno, un crédito a 25 años podría implicar una cuota inicial cercana a los $865.000, aunque el valor concreto dependerá de las características del préstamo y de las condiciones establecidas por cada entidad.
El punto que genera preocupación: qué pasa con el dinero del FGS de ANSES
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene entre sus objetivos contribuir al financiamiento y sustentabilidad del sistema previsional. Por eso, el uso de parte de sus recursos para impulsar créditos hipotecarios generó cuestionamientos desde distintos sectores.
La principal preocupación no está relacionada con que el FGS asuma directamente el riesgo de que una familia deje de pagar su crédito.
De acuerdo con el mecanismo anunciado, el riesgo crediticio quedaría en manos de los bancos que otorguen los préstamos. Es decir, las familias tomarían el crédito con las entidades financieras y no directamente con el fondo previsional.
El debate aparece por otro lado: la disponibilidad de los recursos del FGS.
La preocupación por la liquidez ante una eventual crisis
El programa contempla que los fondos sean colocados en depósitos a plazo fijo con períodos que pueden extenderse durante varios años. Según lo explicado en la presentación, las licitaciones contemplarían diferentes plazos, con inversiones que podrían llegar hasta los cinco años.
Esto genera una discusión sobre la posibilidad de disponer rápidamente de esos recursos si en el futuro se produjera una situación que requiriera fortalecer las cuentas del sistema previsional.
El planteo es sencillo: si una parte del FGS queda inmovilizada durante varios años en depósitos bancarios, esa porción del fondo no tendría la misma disponibilidad inmediata frente a una eventual emergencia.
Por eso, el cuestionamiento no apunta necesariamente a la legalidad de la inversión, sino a la conveniencia de comprometer recursos previsionales durante períodos prolongados.
La utilización del FGS para realizar inversiones financieras no es, en sí misma, una práctica ajena a sus funciones. El fondo tiene permitido realizar distintas inversiones destinadas a preservar y potenciar sus recursos. Entre ellas se encuentran operaciones con entidades financieras y depósitos a plazo fijo.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el mecanismo cumple con los objetivos del FGS y que el fondo no asumiría el riesgo asociado al incumplimiento de los créditos hipotecarios.