La Cámara de Diputados debate un proyecto clave que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y reformar el Régimen Penal Juvenil. La iniciativa fija nuevas penas, prioriza sanciones socioeducativas y crea figuras de supervisión para adolescentes en conflicto con la ley. Si obtiene media sanción, pasará al Senado.
En una sesión clave en el Congreso, la Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en el marco de la reforma del Régimen Penal Juvenil. La votación está prevista para la noche y, de obtener media sanción, la iniciativa deberá pasar al Senado para convertirse en ley.
El oficialismo llega al recinto con un número favorable y busca capitalizar su fortaleza parlamentaria para avanzar con uno de los proyectos centrales en materia de seguridad y justicia juvenil.
Qué establece el nuevo régimen penal juvenil
El proyecto fija en 14 años la edad mínima de punibilidad, dos años por debajo del esquema vigente. Además, establece un tope máximo de 15 años de prisión para adolescentes, aunque con criterios restrictivos.
La prisión efectiva solo podrá aplicarse en casos de delitos graves con escalas penales de diez años o más, como homicidios agravados, robos violentos o abuso sexual. En el resto de los casos, se priorizarán sanciones alternativas con enfoque socioeducativo.
Entre las medidas previstas se incluyen:
- Tareas comunitarias
- Prohibición de acercamiento a la víctima
- Medidas de reparación del daño
- Restricciones para asistir a determinados lugares
- Prohibición de salida del país
El texto reafirma el principio de la privación de la libertad como última ratio, es decir, como recurso excepcional.
Nuevas figuras y seguimiento de menores
Uno de los puntos destacados del proyecto es la creación de la figura de supervisores especializados, encargados de realizar un seguimiento semanal del menor durante el cumplimiento de la condena.
El objetivo es monitorear su evolución, garantizar el acceso a educación, salud y programas de resocialización, y favorecer la reinserción social. También se establecen estándares específicos para la detención de adolescentes: alojamiento separado de adultos y módulos diferenciados dentro del sistema penitenciario.
En caso de ser aprobado, el nuevo régimen entraría en vigencia seis meses después de su reglamentación. Ese plazo permitiría al sistema penitenciario federal y provincial adecuar la infraestructura para alojar a menores bajo las nuevas condiciones.