La administración de Javier Milei desactivó las huellas digitales de los cronistas y prohibió su ingreso a la sede presidencial. La medida, inédita en democracia, fue justificada por motivos de seguridad y desató acusaciones de censura.
El Gobierno nacional dispuso el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, un espacio histórico que funcionó incluso durante gobiernos de facto. La decisión incluyó la eliminación de las huellas digitales que permitían el ingreso de los acreditados, lo que marcó un hecho sin precedentes en la relación entre el poder político y la prensa.
La medida se tomó tras la denuncia contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, del canal TN, acusados de espionaje ilegal por haber mostrado imágenes internas de la Casa Rosada. El caso quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y fue el detonante de una resolución que afectó a todos los cronistas acreditados, más allá de los involucrados en la investigación.
Desde el oficialismo se argumentó que la decisión busca proteger la seguridad institucional y evitar la divulgación de información sensible. Sin embargo, el alcance general de la prohibición despertó críticas inmediatas, ya que la Sala de Periodistas siempre fue un símbolo de acceso a la información pública.
El presidente Javier Milei profundizó la tensión con declaraciones en redes sociales. En su cuenta de X escribió: “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) defender lo que hicieron estos dos delincuentes.” La frase encendió aún más el debate sobre el vínculo entre el Gobierno y los medios de comunicación.
La oposición reaccionó con dureza. Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, expresó: “Basta, muchachos. No hubo ningún espionaje ilegal. Restituyan de inmediato las credenciales. Esto es un ataque contra la libertad de prensa.” Sus palabras reflejaron el malestar político frente a una medida considerada desproporcionada.
Los periodistas afectados denunciaron que personal de Casa Militar les impidió el acceso y calificaron la decisión como “una salvajada” y “un hecho sin precedentes”. La medida fue interpretada como un retroceso en el derecho a la información pública, generando preocupación en asociaciones de prensa y organismos de derechos humanos.
La controversia se instaló en la agenda pública: mientras el Gobierno insiste en que se trata de una acción preventiva, los medios y especialistas advierten que la medida roza la censura