La iniciativa recibió 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La norma establece un régimen permanente, mantiene las pensiones no contributivas, la cobertura médica y la actualización de las prestaciones, pero incorpora nuevos controles y requisitos.
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el nuevo régimen de discapacidad, luego de una extensa sesión que terminó con 71 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa reemplaza el esquema de emergencia, cuya vigencia estaba prevista hasta el 31 de diciembre, por un sistema permanente para regular las prestaciones, las pensiones y el financiamiento destinado a las personas con discapacidad.
La aprobación se produjo después de más de ocho horas de debate y de un largo recorrido legislativo, marcado por las diferencias entre el Gobierno y la oposición. Aunque se deja atrás la figura de emergencia, el texto conserva buena parte de los derechos y beneficios que estaban contemplados en la legislación anterior.
Entre los puntos centrales, se mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% de una jubilación mínima, se permite compatibilizar ese beneficio con un empleo registrado bajo determinados límites de ingresos y continúa vigente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito.
La única senadora ausente fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien recientemente fue madre.
Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad
Uno de los aspectos centrales de la norma es que establece un marco permanente para el sistema de discapacidad, en lugar de mantenerlo bajo una declaración de emergencia con fecha de vencimiento.
Entre las principales disposiciones se encuentran:
- Pensiones no contributivas: se mantiene el beneficio equivalente al 70% de una jubilación mínima, con actualización de acuerdo con la movilidad previsional.
- Compatibilidad con el trabajo: las personas podrán cobrar la pensión y tener un empleo registrado o estar inscriptas en el monotributo, siempre que sus ingresos individuales no alcancen o superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Certificado Único de Discapacidad: se mantiene el CUD como requisito para acceder a la pensión.
- Prestaciones: continúa el nomenclador único, que establece los valores de los servicios que reciben los prestadores, con actualización automática vinculada a la movilidad jubilatoria.
- Cobertura médica: se garantiza la continuidad de las prestaciones del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas que no tienen otra cobertura.
- Deudas con prestadores: el Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes.
La norma también incorpora mecanismos de control y auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Si se detectan inconsistencias, se podrá iniciar un procedimiento de revisión, aunque se contempla la posibilidad de que los beneficiarios presenten un descargo.
Qué pasa con las pensiones por discapacidad y el empleo registrado
Uno de los puntos que se mantiene es la posibilidad de que una persona con discapacidad cobre una pensión no contributiva y, al mismo tiempo, tenga un trabajo formal.
La compatibilidad estará sujeta a un límite de ingresos: la persona podrá conservar el beneficio mientras sus ingresos individuales no sean iguales o superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Qué establece sobre los prestadores y las deudas pendientes
Otro de los reclamos del sector estaba relacionado con las deudas acumuladas con instituciones, centros de atención, transportistas y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad.
En ese sentido, la nueva ley establece que el Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma. Además, fija un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, una vez cumplidos los trámites correspondientes.
También se mantiene el nomenclador único de prestaciones, que establece los aranceles del sistema y dispone su actualización automática de acuerdo con la movilidad jubilatoria.
La norma garantiza, además, la continuidad de la cobertura médica a través del Programa Federal Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con obra social.