La central obrera ratificó la huelga de 24 horas en rechazo a la reforma laboral que debatirá la Cámara de Diputados y cuestionó el rumbo económico del Gobierno, al que responsabilizó por la pérdida de empleos y el cierre de FATE.
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el paro general de 24 horas previsto para este jueves, en coincidencia con el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Desde la central obrera advirtieron que la medida será “contundente” y lanzaron un mensaje claro: “No se entregarán las conquistas laborales. Este es el comienzo”.
En una conferencia de prensa realizada en la sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista hizo un “llamado a la reflexión” a los legisladores para que actúen con “responsabilidad política” y no acompañen el proyecto oficial, al considerar que deben “representar a los trabajadores, que también los votaron”.
Los dirigentes sindicales anticiparon que la huelga buscará que “no haya nadie en la calle” como señal de rechazo a la reforma. Además, destacaron que la medida contará con el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que ya confirmó su adhesión.
Críticas al proyecto y al rumbo económico
Durante la rueda de prensa, el cotitular cegetista Jorge Sola sostuvo que la reforma laboral implica una “gran transferencia de recursos económicos” desde los trabajadores hacia los empleadores y un debilitamiento de los derechos laborales. Según detalló, la iniciativa afecta “tres ejes fundamentales: lesiona derechos individuales, debilita derechos colectivos de los gremios y promueve una transferencia monetaria significativa a los empleadores”.
De acuerdo con sus cálculos, el proyecto implicaría una transferencia de 6.000 millones de dólares anuales hacia el sector empresario, recursos que —según advirtió— terminarían en el sistema financiero. Esta dinámica estaría vinculada con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema de indemnizaciones con salario diferido y la reducción de aportes patronales.
Sola también describió un escenario de crisis sociolaboral, con la pérdida de 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años, la desaparición de más de 21.000 pymes y un promedio de 400 empleos formales que se pierden cada día. En ese contexto, señaló que la industria funciona con menos del 50% de su capacidad instalada, situación que atribuyó a la “apertura indiscriminada de importaciones”.
El impacto del cierre de FATE
La CGT vinculó además el cierre de la empresa FATE con el “fracaso del plan económico del Gobierno” y expresó su solidaridad con los 920 trabajadores que quedaron sin empleo tras el cese de actividades de la compañía.
Para los dirigentes sindicales, el caso FATE es un ejemplo de la situación que atraviesa el sector productivo y una muestra de que la promesa oficial de generación de empleo genuino no se está cumpliendo. Calificaron esa expectativa como “demasiado costosa” frente a la pérdida de derechos que, a su entender, implicaría la reforma.
Acusaciones de inconstitucionalidad
Desde la central obrera también cuestionaron la constitucionalidad del proyecto. Sostuvieron que la iniciativa “atenta contra el principio protectorio del derecho laboral y el principio de progresividad”, que impide la reducción de derechos ya adquiridos.
Por su parte, Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares cegetistas, afirmó que la reforma tiene una orientación “regresiva”, prioriza la quita de derechos individuales y colectivos, y busca “debilitar a las organizaciones sindicales e inclusive desfinanciarlas con el objetivo de flexibilizar las condiciones laborales”.
El dirigente también se refirió al conflicto que involucra a nueve gremios marítimos, cuyos trabajadores iniciaron un paro de 48 horas en rechazo a la eliminación de su convenio colectivo de trabajo y a la posible exclusión del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo.
Con este escenario, la CGT dejó en claro que la jornada de protesta marcará el inicio de un plan de acción más amplio si el Congreso avanza con la reforma. “No estamos dispuestos a ceder ni a entregar los derechos y conquistas que consiguió el movimiento obrero argentino”, afirmaron.