El oficialismo logró aprobar la reforma que flexibiliza la protección de glaciares y habilita actividades mineras en zonas periglaciales, en una votación ajustada y tras un debate marcado por fuertes tensiones políticas.
Tras más de 11 horas de una sesión cargada de tensión, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la normativa de protección de glaciares. El debate se desarrolló bajo una fuerte expectativa política, con la presencia de Karina Milei en uno de los balcones del recinto siguiendo el desenlace.
La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. El oficialismo de La Libertad Avanza consiguió el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR e Innovación Federal, además de legisladores de distintos espacios provinciales. Entre ellos se destacaron Karina Banfi, José Luis Garrido y Nicolás Massot. Incluso, el oficialismo sumó el apoyo de dos diputados de Unión por la Patria: Cristian Andino y Jorge Chica.
Las abstenciones correspondieron a Oscar Zago, Eduardo Falcone y Karina Maureira. En tanto, el rechazo estuvo encabezado por la mayoría de Unión por la Patria, junto a sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica —con Maximiliano Ferraro y Mónica Frade—, además de Miguel Pichetto, el Frente de Izquierda y legisladores como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández.
Qué cambia con la nueva ley
El proyecto aprobado redefine los alcances de la protección de glaciares y, especialmente, de las zonas periglaciales. El objetivo central es habilitar condiciones más flexibles para el desarrollo de actividades económicas, en particular la exploración y explotación minera, con la intención de atraer inversiones.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno nacional en línea con los pedidos de gobernadores de provincias con fuerte potencial minero, como Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo. El esquema se vincula directamente con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases sancionada en 2024.
Uno de los puntos más relevantes es la modificación de los criterios de protección ambiental. A partir de ahora, se habilita la posibilidad de realizar actividades en zonas que antes estaban estrictamente protegidas, siempre que cuenten con evaluaciones de impacto ambiental favorables.
Además, la ley otorga mayor poder a las provincias para decidir qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden destinarse a la actividad económica, reduciendo la intervención del Estado nacional.
El eje de la discusión
La reforma impacta sobre la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establecía presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. Esa norma también creó el Inventario Nacional de Glaciares, encargado de identificar y registrar estas formaciones.
En Argentina, los glaciares cumplen un rol clave: alimentan 39 cuencas hidrográficas y se extienden a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes. El inventario actual releva glaciares en unos 8.400 kilómetros.
Uno de los cuestionamientos de los gobernadores impulsores de la reforma es que ese inventario se encuentra desactualizado, mientras que sus defensores sostienen que las demoras se deben a problemas de financiamiento.
Otro cambio central es la eliminación de la prohibición automática de actividades extractivas en zonas periglaciales. Con la nueva normativa, estas actividades podrán autorizarse siempre que se aprueben estudios de impacto ambiental.
De este modo, si no se demuestra científicamente que un área cumple una función hídrica relevante, podría quedar habilitada para su explotación, lo que marca un giro significativo en la política de protección ambiental vigente hasta ahora.