La empresa de gaseosas finalmente depositó la indemnización que había ordenado la Justicia luego de tres años de disputa. El trabajador, un viajante de comercio de San Rafael, había recibido apenas $236.000 cuando fue desvinculado en 2018.
La disputa laboral entre Manaos y un trabajador de San Rafael llegó a su fin, al menos en la instancia de pago. La empresa Refres Now SA, elaboradora de la reconocida marca de gaseosas, depositó finalmente una suma que superó los $1.500 millones, luego de una extensa batalla judicial iniciada por un exviajante de comercio.
El trabajador había recibido en 2018 apenas $236.000 como compensación por su desvinculación, pero años después la Justicia determinó que existían diferencias en la relación laboral y ordenó una reparación muy superior.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de Mendoza había reducido el monto de la condena original y establecido una suma de $807.676.293,72, calculada a abril de 2025, la actualización y los intereses acumulados hasta el momento del pago hicieron que la cifra final volviera a superar los $1.500 millones.
El trabajador de San Rafael que llevó a Manaos a la Justicia
El protagonista del reclamo, identificado como J.D.G., comenzó a trabajar para Manaos en 2013 como viajante de comercio, aunque durante parte de la relación laboral no habría estado registrado bajo esa categoría.
Con el paso de los años, llegó a convertirse en uno de los principales distribuidores de la empresa y manejó una extensa zona comercial que incluía Mendoza, San Juan y La Pampa.
La relación comenzó a deteriorarse cuando, según quedó establecido durante el proceso judicial, se produjeron modificaciones en sus condiciones de trabajo, restricciones sobre sus beneficios y comisiones y cambios en la zona que tenía asignada.
En 2018, la empresa decidió desvincularlo en el marco de una reestructuración. En ese momento le pagó $236.000 y firmó con él un acuerdo que pretendía cerrar la relación laboral.
Sin embargo, el vínculo comercial continuó durante varios años. El trabajador siguió vendiendo productos de la compañía hasta diciembre de 2022. Después de realizar distintos reclamos internos que no prosperaron, decidió considerarse despedido y llevó el conflicto a la Justicia.
La demanda fue presentada en agosto de 2023. En ese momento, el trabajador reclamaba poco más de $200 millones en concepto de indemnizaciones y multas.
Para respaldar su reclamo, sus abogados, Santiago Rentería y Raúl Alberto Oyola, presentaron una enorme cantidad de documentación: alrededor de 33.000 comunicaciones por correo electrónico y 15.000 recibos y facturas.
El objetivo era demostrar cómo había sido realmente la relación laboral y cuáles habían sido las condiciones bajo las que desarrolló su actividad para la empresa.
La Justicia terminó considerando que el vínculo había comenzado en 2013 y que el trabajador debía ser reconocido como viajante de comercio, más allá de la forma en la que había sido registrado.
En abril de 2025, la Cámara del Trabajo de San Rafael falló a favor del trabajador. El tribunal consideró acreditadas distintas irregularidades en la relación laboral y dejó sin efecto el acuerdo firmado en 2018, que había presentado la desvinculación como definitiva.
La sentencia reconoció más de $227 millones por diferentes conceptos, entre ellos indemnización por despido, falta de preaviso, clientela, diferencias salariales, vacaciones, aguinaldo y multas por deficiencias en la registración laboral.
Pero el monto que convirtió al caso en una verdadera indemnización récord apareció al incorporar los intereses. La actualización llevó la condena a una cifra cercana a los $1.500 millones, generando una disputa posterior sobre la forma en que debía calcularse ese monto.
La Suprema Corte de Mendoza redujo la indemnización
La empresa apeló y el expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El máximo tribunal provincial mantuvo los aspectos centrales de la sentencia y confirmó la existencia de las irregularidades laborales, pero consideró que la aplicación de la tasa UVA había generado una actualización desproporcionada.
Por ese motivo, redujo los intereses y estableció una nueva suma: $807.676.293,72, calculada al 11 de abril de 2025.
Ese monto no era, sin embargo, el que finalmente debía recibir el trabajador.
Como la cifra había sido calculada a una fecha determinada, continuó generando intereses hasta el momento en que la empresa efectivamente cumpliera con la sentencia.
Manaos intentó llegar a la Corte Suprema de la Nación
La empresa todavía intentó avanzar judicialmente y presentó un recurso extraordinario federal con la intención de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, la Justicia mendocina rechazó ese planteo. Con esa decisión, la sentencia quedó en condiciones de ser ejecutada y Manaos debía cumplir con el pago establecido por la Justicia.
La empresa presentó además una queja ante la Corte nacional, pero finalmente optó por depositar el dinero correspondiente a la condena.
El depósito se concretó durante abril de 2026. La diferencia entre los $807 millones establecidos por la Suprema Corte de Mendoza y los más de $1.500 millones finalmente abonados se explica por la actualización y los intereses acumulados durante el período transcurrido desde el cálculo original.
De esta manera, después de tres años de batalla judicial, el trabajador sanrafaelino recibió finalmente una suma que convirtió al expediente en uno de los casos de indemnización laboral más elevados registrados en Mendoza.