Era el año 1990 cuando sucedió en la Provincia de Mendoza, se trata del caso de Adolfo Garrido y de Raúl Baigorria, dos albañiles que fueron retenidos en un control policial y a partir de ese día no se supo más nada de ellos. Este lunes, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificó el procesamiento con prisión preventiva de 17 efectivos policiales y del exjuez Enrique Antonio Jesús Knoll Oberti. Sin embargo, a partir de esto, la familia busca conocer qué fue lo que sucedió, el destino y también la ubicación de estos dos jóvenes que desaparecieron y a 35 años, recién en el año 2025, podría comenzar el juicio contra los acusados.
Este lunes “el tribunal desestimó los recursos interpuestos por las defensas de los imputados, que fueron procesados en agosto pasado luego de una compleja investigación”.
Además, sostuvo que el escenario probatorio “indicaría una posible manipulación o encubrimiento de los hechos” para no dejar rastros, que permiten “suponer la participación de los agentes” de la comisaría 5ta y de la dirección de investigaciones en la desaparición de las víctimas.
Todo esto significa que los 17 policías y el juez deberán cumplir prisión preventiva hasta que inicie el juicio. Están procesados como coautores de la desaparición forzada de los dos hombres en los calabozos de la Dirección de Investigaciones de la policía provincial.
El abogado querellante en esta causa, Carlos Varela Álvarez, señaló que la familia busca conocer el paradero de los jóvenes y estarían dispuestos a perdonar a los que sean responsables. Eso no significa que van a quedar impunes, ya que se trata de una desaparición forzosa.
Un hecho que se transformó en el primer caso argentino de desaparición forzada en democracia y que llegó a instancias internacionales a través de la corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Son muchos los acusados, son muchísimos los planteos que hacen, ejercen su derecho, pero bueno, la familia quiere la verdad, quiere un juicio, quiere saber qué pasó con ellos y los tribunales internacionales también", señaló el abogado.
Y agregó que “la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana están monitoreando este caso. Es un caso también que en lo personal ha llevado muchos años para nosotros, la familia está de pie. Son personas muy humildes. Lo que ellos han hecho junto con la familia Garrido también ha sido impresionante durante todos estos años. A pesar de eso, ellos tienen la esperanza de que, algunas de las personas aporten la verdad y eso puede significar una posibilidad de que su situación procesal se pueda mejorar”.
Ante esto, la familia busca que alguno de los acusados quiera hablar y aportar información acerca del paradero de ambos hombres, ya que de esta forma podrían acceder a algunos beneficios.
El 28 de abril de 1990, cerca de las 14 o 15 horas, Garrido y Baigorria iban en un auto por el Parque General San Martín. En la que se conoce como la rotonda, Monseñor Orzali fueron detenidos por un auto de la Policía de Mendoza. Desde ahí no se supo nada de su paradero, la familia fue notificada por un testigo.
Según se indica en la causa, los trasladaron primero a la Comisaria 5.ª, donde fue hallado el vehículo en el que se movilizaban, y posteriormente fueron alojados en los calabozos de la Dirección Investigaciones, donde fueron vistos por última vez con vida y torturados.
Los cuerpos de los jóvenes, ambos albañiles, nunca fueron encontrados.
El abogado de la causa señaló que a “nosotros no nos queda duda que fueron detenidos, secuestrados y torturados. De hecho, en la ex Dirección de Investigaciones hay una placa que recuerda que ahí fue el último lugar que se lo vio con vida”.
“El pacto de silencio nosotros queremos romperlo antes de la condena, digo la condena porque evidentemente un juicio de estas características va a traer condenados y son personas de avanzada edad, algunas con problemas de salud nosotros los entendemos, pero no podemos ceder ante el derecho que tiene la familia de saber qué pasó con ello”, indicaron.
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