El ex presidente deberá responder por las acusaciones de corrupción, en la investigación por presuntas irregularidades en Nación Seguros. Entre los llamados a declarar hay empresarios y ex funcionarios del gobierno.
El juez federal Julián Ercolini citó al ex presidente Alberto Fernández a declaración indagatoria en la causa que investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros para organismos estatales durante su administración. Además, también llamó a otros 38 acusados que deberán presentarse ante la Justicia el próximo 20 de noviembre.
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El exmandatario deberá comparecer en los tribunales federales de Retiro el próximo miércoles 20 de noviembre a las 10. Es la primera vez que Fernández asiste en calidad de indagado desde que dejó la Presidencia. A todos los implicados se les acusa de haber participado en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos mediante un sistema de contratación irregular de seguros para diversas dependencias estatales a través de la empresa Nación Seguros S.A.
La imputación sostiene que algunos de los involucrados habrían actuado en coordinación con Fernández, facilitando la contratación de seguros para entes públicos mediante la intermediación de individuos y empresas, especialmente en beneficio de Nación Seguros S.A. El texto judicial detalla que esta maniobra habría requerido la intervención de funcionarios de la aseguradora estatal y de las reparticiones estatales solicitantes de los seguros.
Entre los involucrados incluye a figuras clave de Nación Seguros, entre ellas su expresidente, Alberto Pagliano, y ex funcionarios del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari y Mauro Tanos. Además, fueron convocados varios dueños de empresas aseguradoras que mantuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023.
Uno de los nombres más relevantes es el de la empresa Bachellier, que en 2022 recibió $700 millones gracias a un decreto de Fernández que eliminó el sistema de coaseguro, dándole el monopolio a la denominada empresa.
El documento señala que, en varios casos, habrían intervenido actores de manera impuesta o acordada, en beneficio propio o de terceros, asignando de forma irregular a productores, organizadores y másters en las pólizas de Nación Seguros, así como a coaseguradoras privadas. Esta operación habría generado ingresos adicionales en dividendos para los intermediarios.