La tensión en las calles de España escaló a niveles que amenazan con desbordar la agenda política de Europa. Lo que comenzó como un indignado reclamo social ante la subida descontrolada de los alquileres —cuyo metro cuadrado se duplicó en la última década pasando de 8,20 a 15,10 euros— detonó en una masiva movilización popular a raíz del dramático desalojo de una anciana en pleno centro madrileño.
La dramática crisis de vivienda en España desató un estallido social sin precedentes que rememora las históricas movilizaciones del 15-M. El violento desalojo en silla de ruedas de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que residía en su departamento de Madrid desde hacía siete décadas, convirtió su caso en el símbolo de la indignación popular. Tras cinco noches consecutivas de acampadas masivas en la Puerta del Sol y protestas en varias ciudades, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó de urgencia el denominado “decreto Maricarmen”: un paquete de medidas históricas que paraliza los desalojos a familias vulnerables hasta 2030 y congela el precio de las rentas.
Maricarmen Abascal, de 87 años y usuaria de silla de ruedas, fue expulsada de la vivienda donde residió durante 70 años al no poder afrontar las draconianas subas impuestas por un fondo de inversión. Las imágenes de la irrupción policial recorrieron el mundo, provocando su hospitalización y encendiendo la mecha de la protesta bajo la consigna “Ni una Maricarmen más”.
“No he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas”, expresó la mujer desde el centro asistencial en un estremecedor mensaje que se volvió viral.
Acampada histórica en la Puerta del Sol y amenaza de huelga general
La respuesta ciudadana no se hizo esperar. Liderados por el Sindicato de Inquilinas y plataformas sociales, miles de manifestantes —en su mayoría jóvenes ahogados por un mercado donde el 26% destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda— montaron un campamento en la emblemática Puerta del Sol de Madrid, replicando las acciones en Barcelona y otras grandes urbes.
La presión en las calles, donde los acampados amenazan con extender la medida hacia una huelga general en sanidad y educación, forzó un giro diplomático y judicial: la empresa propietaria del inmueble debió dar marcha atrás y acordó permitir el regreso de la anciana a su hogar.
El “decreto Maricarmen”: frenos a los fondos buitre y alquileres congelados
Bajo la sombra de una crisis de gobernabilidad a un año de las elecciones presidenciales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se reunió de urgencia en el Consejo de Ministros y aprobó dos decretos clave para intervenir el mercado inmobiliario:
-
Suspensión de desalojos: Se paralizan los lanzamientos judiciales por mora a familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el año 2030.
-
Congelamiento de rentas y prórrogas: Actualizaciones al 0% de aumento anual en contratos seleccionados, renovaciones automáticas y la exigencia de que los propietarios que rescindan un contrato indemnicen al inquilino con un año de alquiler.
-
Freno a la especulación: Prohibición por dos años para que los fondos de inversión compren inmuebles para especulación y fuertes restricciones a los alquileres temporarios y por habitaciones.
-
Castigo fiscal a viviendas vacías: un IVA del 21% a pisos turísticos y la potestad municipal de duplicar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a casas cerradas por más de tres años.
Pese al anuncio de las medidas que deberán ser ratificadas en el Congreso de los Diputados, las agrupaciones de inquilinos confirmaron que mantendrán la acampada en la Puerta del Sol para supervisar el voto parlamentario y garantizar que la vivienda vuelva a ser un derecho fundamental.