El Poder Ejecutivo presentó este lunes un proyecto de ley para implementar el divorcio simplificado en el Registro Civil cuando la disolución del matrimonio es de mutuo acuerdo entre las dos partes. De esta manera, se busca evitar la judicialización de los divorcios, que demandan más tiempo y recursos económicos para el pago de las costas judiciales y honorarios profesionales de abogados intervinientes.
Aunque la medida promete agilizar los trámites, despertó fuertes críticas entre los abogados de Mendoza, quienes consideran que podría generar una gran "inseguridad jurídica."
El presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, Sergio Molina, y la vicepresidenta, Jazmina Romero, expresaron sus preocupaciones sobre las implicancias del proyecto. "El divorcio no es solo una cuestión de manifestar la voluntad de separarse, sino que trae consigo numerosas consecuencias legales que deben resolverse adecuadamente", comentó Gómez. Entre esas consecuencias destacan la adjudicación del hogar conyugal, la cuota alimentaria, la responsabilidad parental y la división de bienes.
Romero, por su parte, señaló que uno de los principales problemas es que el proyecto no contempla la participación de testigos, a diferencia de lo que ocurre en el matrimonio, donde la presencia de estos es esencial para garantizar la voluntad de las partes. "Es irónico que se necesiten testigos para casarse, pero no para divorciarse, cuando las consecuencias legales del divorcio son mucho más significativas", afirmó.
Gómez explicó que, en la actualidad, cuando una pareja se divorcia, el juez no solo dicta la sentencia de divorcio, sino que también resuelve aspectos como la división de bienes, la tenencia de los hijos y las compensaciones económicas. "Si se aprueba este proyecto, las parejas podrían divorciarse de manera rápida, pero todos estos temas quedarían sin resolver, lo que podría llevar a más conflictos judiciales a futuro", advirtió.
El presidente del Colegio también hizo hincapié en que, aunque una pareja lleve poco tiempo casada o no tenga hijos, siempre existen consecuencias legales que deben ser consideradas. "Incluso en matrimonios recientes, puede haber una persona que haya dejado de trabajar para dedicarse a la familia, lo que genera el derecho a una compensación económica. Estos detalles son los que se deben atender con un asesoramiento adecuado", sostuvo.
Según dijo Gómez a Noticiero 9, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) ya hizo presentaciones formales para expresar su oposición a esta iniciativa y continuará trabajando en conjunto con las instituciones provinciales para frenar su implementación.
"Desde FACA hemos estado trabajando en este tema desde hace tiempo, ya que no es la primera vez que se presenta un proyecto de este tipo. Nuestra prioridad es garantizar que los derechos de las personas estén protegidos en todo momento, incluso en situaciones tan delicadas como un divorcio", concluyó Gómez.
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