El gobierno de Javier Milei resolvió sacarle la jubilación especial y la pensión vitalicia que Cristina Fernández de Kirchner, que recibía como expresidenta y como viuda de Néstor Kirchner. La medida, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, indicó que por mes se le depositaban 21.827.624 pesos del Estado, según estimaciones oficiales.
La revocación se produce tras la confirmación por la Cámara Federal de Casación Penal de una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la exmandataria, en el marco de la causa de administración fraudulenta vinculada a la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez en Santa Cruz. Según el fallo, hubo un desvío millonario de fondos que afectó las cuentas del Estado.
Adorni defendió la decisión argumentando que, bajo la gestión de Milei, “Argentina no destinará fondos a personas condenadas por corrupción”. Además, enfatizó que la jubilación especial para expresidentes es “un privilegio cuestionable”, especialmente en casos donde existen condenas por delitos de administración fraudulenta.
La anulación de estos beneficios se enmarca en la política de revisión de asignaciones excepcionales otorgadas a exfuncionarios. En Argentina, la Ley 24.018 establece que expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges o hijos pueden recibir una asignación equivalente al salario de un juez de la Corte Suprema. Hasta el momento, el Estado abonaba nueve pensiones vitalicias a exmandatarios y cuatro a viudas e hijos de exfuncionarios, con montos entre los 5 y 21 millones de pesos.
Adorni destacó que estos beneficios son un reconocimiento al "honor, mérito y desempeño en el cargo", pero afirmó que la condena de Kirchner pone en cuestión este criterio en su caso. Según sus palabras, “retirar este beneficio a CFK es un acto de sentido común y coherencia en la administración pública”.
La Cámara de Casación Penal, a través de los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, confirmó la condena al señalar que “el delito tuvo consecuencias graves para las finanzas del Estado”. Hornos incluso propuso sumar el cargo de asociación ilícita, solicitado previamente por la Fiscalía.
La sentencia también involucró a otros exfuncionarios, como el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el exdirector de Vialidad, Nelson Periotti, con penas de entre tres y seis años de prisión, además del decomiso de bienes por unos 84.000 millones de pesos.
Si bien el fallo de Casación confirmó las condenas, aún resta que las partes presenten sus apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia, que definirá la resolución final en un plazo aún indeterminado.
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