Alejo Arias está detenido en El Salvador hace un año y cuatro meses en una cárcel de máxima seguridad llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que ha sido señalada en reiteradas oportunidades por violaciones a los derechos humanos por el estricto régimen del presidente Nayib Bukele. Por primera vez, y gracias a una autorización especial, pudo recibir a su papá. 

El esperado reencuentro se concretó esta semana. Su padre pudo viajar gracias a una colecta realizada en Mendoza y al apoyo de la municipalidad de Rivadavia. Colaboraron también Cancillería y el ministro de Defensa, Luis Petri, para conseguir una autorización especial. 

Por primera vez desde que Alejo está tras las rejas pudo ver a su papá, hablar y abrazarse.

Desde Mendoza, su madre compartió la emoción y el alivio de saber que su hijo, que cumplirá 26 años el próximo 18 de noviembre, se encuentra bien. 

“Está muy bien, sano… está íntegro, como quien dice. Muy volcado al Señor, está muy aferrado a él. Con todo este proceso se ha volcado más a Dios, asiste a todas las reuniones evangélicas que dictan en el penal, lo ha tomado como un retiro espiritual. La fe lo está salvando; el acercarse al Señor, estar cerca de Dios es lo que le da fortaleza a él y es la que él nos da a nosotros también“, dijo Sandra González, la mamá de Alejo. 

A pesar de que en julio se había programado una audiencia para revisar su situación, esta fue pospuesta y la investigación se extenderá hasta fines de diciembre. Los abogados de Alejo esperan que en enero o febrero de 2025 pueda realizarse la audiencia que defina su futuro.

Fue a El Salvador a trabajar 

Alejo viajó a El Salvador tras recibir una oferta laboral con la intención de ahorrar y continuar sus estudios de bioquímica en Rivadavia.

Fue acusado de trabajar para una empresa financiera vinculada con una red de lavado de dinero y estafa. Su familia asegura que él desconocía los ilícitos de la empresa.

Quedó arrestado bajo el régimen de excepción implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyo objetivo es desarticular las pandillas en el país. Este régimen permite detenciones sin orden judicial.