Este miércoles, la Cámara de Diputados dio luz verde definitiva a la ley que establece que los conductores en estado de ebriedad que protagonicen un accidente vial deberán cubrir los costos de su atención médica cuando sean atendidos en el sistema de salud público.
Este proyecto, presentado como parte de un conjunto de reformas sanitarias, prevé el recupero de los costos de salud generados en los hospitales públicos. En términos prácticos, si un automovilista alcoholizado se accidenta y es trasladado a un centro de salud u hospital público, deberá pagar por su tratamiento.
Para ello, se faculta al Ministerio de Salud y Deportes a cobrar o recuperar los costos de las prestaciones de salud realizadas en los efectores del Sistema de Salud Público en beneficio del conductor que, habiendo infringido las prohibiciones del artículo 52 incisos 7 y 8 de la Ley Nº 9024, participare u ocasionare un accidente de tránsito según lo determine la autoridad competente.
Este recupero se efectuará a través del Reforsal, el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza, creado precisamente para cobrar a los pacientes que se atienden en las salas públicas, aunque cuenten con obra social o prepaga.
La aprobación de esta ley se da en el contexto de una serie de accidentes viales protagonizados por conductores con altos niveles de alcohol en sangre. Algunos de estos accidentes han tenido consecuencias trágicas, como el ocurrido en el Acceso Sur, donde murieron atropellados un policía y un preventor en un control de tránsito.
La Ley de Seguridad Vial, en sus incisos 7 y 8, prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol más allá de los límites establecidos para automóviles, bicicletas con o sin motor, motocicletas o ciclomotores, y transporte de pasajeros y carga.
Los datos son alarmantes, es que 1 de cada 4 muertes en accidentes de tránsito se vincula con la violación de la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
De esta forma, ante un accidente, si se comprueba que quien manejaba tiene más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y requiere atención hospitalaria, pero no tiene obra social, tendrá que pagarla.
Con la sanción definitiva, solo resta la reglamentación por parte del Ejecutivo.
Además, no es la única normativa sobre conductores alcoholizados en la Legislatura. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentó una propuesta que inhabilita a los automovilistas con más de 1 gramo de alcohol en sangre y otra que propone agravar las penas por reincidencia y daños provocados por estos delitos.
.jpg)
.jpg)
