Un fallo judicial declaró inconstitucional la Ley de Movilidad ejecutada durante el Gobierno de Alberto Fernández y ordenó reajustar haberes. La sentencia fue emitida en Mendoza y sienta un precedente judicial.
Según una sentencia de segunda instancia emitida en la provincia, el método impulsado por el gobierno anterior fue un “fracaso”, por la pérdida de los jubilados frente a la inflación en el periodo entre enero de 2020 y diciembre 2023.
La Cámara de Apelaciones de Mendoza, conformada por los jueces Juan Ignacio Pérez Curci, Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, fue quien emitió el fallo que ordena un aumento significativo en el haber de un jubilado que reclamó por la pérdida de poder adquisitivo de su ingreso.
La decisión cuestiona los ajustes aplicados a las jubilaciones en 2020, cuando las subas fueron determinadas discrecionalmente y quedaron por debajo de la inflación.
Entre 2020 y 2023, las jubilaciones en Argentina perdieron entre un 32% y 45% de su valor en términos reales debido a que la inflación acumulada fue del 1146,7%, mientras que los haberes solo aumentaron entre un 590% y un 742, 8%, según el monto percibido.
La sentencia mendocina ordena recalcular el haber del jubilado demandante desde enero de 2021, como si se hubiera aplicado la ley 27.426, suspendida en 2020.
El fallo también critica la extensión de los efectos de los ajustes de 2020 en el tiempo. Así, ordena que las jubilaciones se actualicen de acuerdo con la inflación desde enero de 2021. La Cámara menciona que, aunque la ley pretendía preservar el valor adquisitivo de los haberes, no lo logró debido a factores como la crisis económica, la inflación y la relación entre activos y pasivos.
El fallo sostiene que desde 2017 hasta 2023, las jubilaciones perdieron poder de compra en términos reales, sin que existan compensaciones efectivas por el deterioro pasado.
De acuerdo con estimaciones, los haberes deberían duplicarse para recuperar el valor de hace siete años, mientras que la jubilación mínima más el refuerzo debería aumentar en un 44% para equiparar el nivel adquisitivo de entonces.
Después de este fallo, los jubilados pueden hacer sus propias demandas teniendo en cuenta que sufrieron lo mismo que este retirado.