La justicia resolvió sacarles los celulares a los presos mendocinos

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió que los presos ya no podrán utilizar celulares en las cárceles de la provincia. La medida, que fue adoptada por mayoría con el voto favorable de los jueces María Teresa Day, Dalmiro Garay y la disidencia de José Valerio, deja sin efecto una resolución que había sido implementada durante la pandemia y se extendió hasta este año.

El fallo anula un punto clave de la resolución dictada por el Juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, que permitía el uso de celulares a los reclusos en sectores donde no había teléfonos públicos disponibles. Esta disposición fue apelada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la Defensoría del Pueblo y una asociación civil que defiende los derechos de los detenidos.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la eliminación inmediata de los celulares, argumentando que la resolución de Sarmiento no estaba en consonancia con la ley vigente. Por otro lado, la Defensoría General abogó por mantener el uso de celulares, destacando que había mejorado la conducta de los presos y facilitado su comunicación, especialmente durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Finalmente, la Suprema Corte determinó que la prohibición del uso de celulares en las cárceles es válida y que los teléfonos deberán ser retirados en un plazo máximo de seis meses. El presidente del tribunal, Dalmiro Garay, argumentó que el uso de la telefonía pública, aunque obsoleta, debe ser suficiente para garantizar la comunicación de los reclusos, y que la medida busca restablecer el régimen de visitas presenciales previo a la pandemia.

A pesar de esta decisión, se mantendrán algunas excepciones, como el caso de las internas con hijos, que podrán seguir utilizando celulares para comunicarse con ellos. La prohibición podría ser apelada ante instancias superiores, pero por ahora, la medida apunta a reforzar las normativas carcelarias previas a la pandemia.