La postura de DGE: qué dijo sobre el docente que tenía una condena por abuso sexual, estaba frente a un aula y fue denunciado nuevamente

El caso del docente denunciado por abuso sexual en la escuela Tomás Alva Edison, en el barrio Santa Ana de Guaymallén, que ya había sido condenado por el mismo delito en la misma institución en 2017 generó una tremenda indignación en la sociedad. La pregunta es cómo puede ser que una persona con estos antecedentes haya estado al frente de un aula. 

Se trata de un profesor que en 2017 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple agravado. Sin embargo, a pesar de la condena, pudo volver a ejercer. La semana pasada lo denunciaron niñas de entre 10 y 11 años.

Desde la Dirección General de Escuelas dijeron: "Lo que encontramos fue un error en el sistema y un vacío legal. En 2017, cuando esta persona fue sancionada, se inhabilitó para dar clases, pero al ser suplente y no titular, las sanciones fueron distintas. Esto permitió que, tras cumplir la inhabilitación, pudiera reincorporarse al sistema".

"A partir de este problema, queremos generar una normativa que lo inhabilite de por vida para estar frente a un aula", agregó Daniela García, Jefa de Gabinete del Ministerio de Educación. 

El hombre, que ingresó como suplente a la escuela en marzo de 2021, fue nuevamente denunciado e imputado esta semana por abuso sexual simple agravado por su rol de educador y por tener la guarda de menores en el aula.

Según explicó la DGE, la diferenciación en el estatuto permitió que, una vez cumplida la inhabilitación temporal tras su primera condena, el docente pudiera regresar a las aulas. Si bien se pidió un antecedente penal, el mismo no especificaba qué tipo de delito había cometido. 

Desde la DGE, se reconoció el vacío legal que permitió su reincorporación. "Los certificados solo reflejan la existencia de antecedentes sin especificar el delito", dijo García. 

Para evitar que esta situación se repita, la DGE anunció una modificación en el estatuto y la creación de un "Registro de Inhabilitados de la Docencia", que reunirá a docentes condenados por delitos graves, específicamente aquellos relacionados con la integridad sexual. Este registro impedirá que personas con antecedentes similares puedan volver a trabajar en el ámbito educativo.

Actualmente, el docente permanece detenido mientras avanza la investigación.