La Justicia civil condenó al Arzobispado de Mendoza y a dos monjes del monasterio Cristo Orante a pagar una millonaria indemnización a un joven que denunció haber sufrido abusos sexuales, manipulación espiritual y abuso de autoridad entre 2009 y 2015.
La Justicia civil de Mendoza condenó al Arzobispado de Mendoza y a dos monjes del monasterio Cristo Orante, ubicado en Tupungato, a pagar una millonaria indemnización por los daños ocasionados a un joven que denunció haber sido víctima de abusos sexuales, manipulación espiritual y abuso de autoridad durante su permanencia en la comunidad religiosa.
La sentencia fue dictada por el juez Fernando Games y establece que el Arzobispado, junto a Jorge Oscar Portillo (71 años) y Diego Roque Moreno (58 años) deberá responder económicamente por los perjuicios sufridos por el joven denunciante quien aseguró que los hechos ocurrieron entre 2009 y 2015, cuando ingresó al monasterio con apenas 17 años con la intención de iniciar una vida religiosa.
El fallo civil fijó una indemnización superior a los 18 millones de pesos por daños y perjuicios. Según la resolución, los abusos y las conductas denunciadas provocaron una profunda afectación psicológica y emocional en la víctima, incluyendo trastorno de estrés postraumático, sentimientos de culpa, dificultades para establecer vínculos afectivos y una grave alteración de su proyecto de vida.
La sentencia analiza la relación que existía entre el denunciante y los religiosos dentro del monasterio. El magistrado concluyó que existió una marcada asimetría de poder debido a la autoridad espiritual que ejercían los monjes sobre el joven. En ese contexto, sostuvo que cualquier supuesto consentimiento estaba condicionado por la manipulación de conciencia y el temor generado por quienes ocupaban posiciones de liderazgo religioso.
El juez también tomó en cuenta informes psicológicos y psiquiátricos que acreditaron las secuelas sufridas por la víctima a lo largo de los años.
Uno de los puntos más relevantes de la resolución fue la responsabilidad atribuida al Arzobispado de Mendoza.
La defensa de la Iglesia argumentó que la Fraternidad Monástica Cristo Orante funcionaba de manera autónoma y que no existía una relación de dependencia directa con los religiosos involucrados. Sin embargo, el magistrado rechazó esa postura al considerar que el Arzobispado contaba con facultades de supervisión, control y disciplina sobre el monasterio y sus integrantes. Además, el fallo remarca que ninguna institución religiosa puede quedar al margen del sistema jurídico argentino y que debe responder cuando se vulneran derechos fundamentales.
La sentencia también señala que las autoridades eclesiásticas tenían conocimiento de situaciones irregulares. De hecho, se mencionan investigaciones internas y sanciones canónicas aplicadas a los religiosos involucrados. Sin embargo, para la Justicia, esas medidas resultaron insuficientes.
Otro aspecto destacado por el juez fue que la víctima nunca tuvo acceso a las actuaciones realizadas por el Arzobispado, lo que implicó una vulneración de sus derechos a la información y a la verdad. Mientras la condena civil ya fue dictada, la investigación penal todavía sigue en curso.
En 2019 los religiosos fueron imputados y cumplieron prisión preventiva domiciliaria. Posteriormente, en 2022, obtuvieron un sobreseimiento en primera instancia. Sin embargo, en marzo de 2026 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló esa decisión y ordenó que la causa continúe avanzando.
La denuncia sostiene que los abusos ocurrieron de manera reiterada dentro del monasterio ubicado en Gualtallary, en el Valle de Uco, durante un período de varios años.
Con este fallo, la Justicia civil mendocina consideró acreditados los daños sufridos por el denunciante y estableció que tanto los monjes involucrados como el Arzobispado deben responder por las consecuencias derivadas de esos hechos, mientras la investigación penal continúa en los tribunales.