La familia de Alan Villouta se reunió con la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, para avanzar en el recurso contra la prescripción de la causa por la muerte del joven. Además, el Gobierno provincial anticipó que impulsará nuevamente una reforma del Código Penal para elevar las penas por homicidios culposos agravados y contemplar nuevas figuras vinculadas a la conducción.
El caso de Alan Villouta, el joven que murió tras ser atropellado en el Acceso Sur de Mendoza en 2017, volvió a poner en el centro del debate los tiempos de la Justicia y las penas previstas para los siniestros viales con víctimas fatales. Este martes, los padres de Alan y su abogado, se reunieron con la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, para analizar los pasos que seguirán después de la resolución que declaró prescripta la acción penal contra Alejandro Verdenelli, quien había sido condenado por el homicidio culposo del joven.
Durante el encuentro, la cartera de Seguridad confirmó que acompañará el planteo de la familia ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y que sus equipos jurídicos trabajarán junto a los abogados querellantes en el recurso de casación.
Al mismo tiempo, Rus adelantó que el Gobierno provincial volverá a impulsar un proyecto para modificar las penas previstas para determinados delitos cometidos al volante.
La familia Villouta recurrirá la prescripción
La resolución que declaró extinguida la acción penal todavía puede ser recurrida. Por eso, la familia de Alan prepara un recurso de casación para intentar que la decisión sea revisada por la Suprema Corte provincial.
Andrés Villouta, padre del joven, aseguró que la familia lleva nueve años de lucha y que, aunque sabe que Alan no puede volver, busca que el caso genere cambios en el sistema judicial. “Mi hijo no va a volver, en 2017 ya se apagó la luz y no se va a prender”, expresó el padre, aunque remarcó su intención de continuar reclamando para que la Justicia revise lo ocurrido.
La familia también cuestiona especialmente los tiempos que demandó la resolución del expediente y considera que la demora judicial terminó teniendo consecuencias determinantes para la causa.
Por su parte, el abogado explicó que el planteo ante la Corte estará centrado en una discusión vinculada con la prescripción de la acción penal y de la pena, además de la interpretación de las normas procesales aplicadas al expediente.
El Gobierno de Mendoza acompañará el reclamo
La reunión con Mercedes Rus se produjo en el marco de la política provincial que permite al Ministerio de Seguridad asistir a víctimas de delitos y acompañar determinados procesos judiciales.
Desde la cartera confirmaron que los abogados del Ministerio trabajarán para fortalecer la presentación que realizará la querella ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La estrategia contempla, en una instancia posterior y dependiendo de cómo avance el proceso, la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, el Ejecutivo provincial también pretende utilizar el caso como punto de partida para volver a discutir la legislación sobre delitos viales.
Uno de los principales anuncios realizados por la ministra Rus fue la intención de presentar nuevamente un proyecto de ley para endurecer las penas por homicidios culposos agravados derivados de siniestros viales.
La propuesta apunta a modificar tanto los mínimos como los máximos de las penas, con el objetivo de evitar que determinados casos queden alcanzados por sanciones consideradas demasiado bajas.
Entre los agravantes que se pretende incorporar aparecen situaciones como la fuga del conductor después del siniestro y la conducción con determinados niveles de alcohol en sangre. La intención es que estas conductas tengan un tratamiento específico dentro del Código Penal y puedan generar penas más severas.
Un proyecto busca llevar el máximo de seis a diez años
La iniciativa que ya se encuentra en el Congreso contempla elevar el mínimo de la pena para determinados casos de homicidio culposo agravado de tres a cuatro años, mientras que el máximo podría pasar de seis a diez años de prisión.
El objetivo es que las condenas por hechos de extrema gravedad no queden automáticamente dentro de escalas que permitan una respuesta penal más leve.
Además, el proyecto impulsado por la diputada nacional Pamela Verasay incorpora como posibles figuras autónomas determinadas conductas vinculadas con la alcoholemia, diferenciando distintos niveles de agravamiento. También se plantea incorporar modificaciones relacionadas con la conducción temeraria y aumentar los períodos de inhabilitación para conducir.
También buscan modificar las reglas de prescripción
Otro de los puntos centrales de la propuesta está relacionado con los plazos de prescripción de la acción penal. El objetivo es evitar que una causa por un hecho vial grave pueda quedar extinguida como consecuencia de interpretaciones vinculadas con el vencimiento de los plazos mientras el expediente permanece sin una resolución definitiva.
El caso de Alan Villouta volvió a poner este problema sobre la mesa: para la familia, no se trata solamente de revisar una condena, sino también de discutir qué sucede cuando un proceso judicial se extiende durante años sin una resolución firme.
En ese sentido, desde el Gobierno provincial también plantearon la necesidad de trabajar sobre los plazos razonables del servicio de Justicia.