El exintendente de Las Heras junto a su mujer y legisladora suspendida, solicitaron un juicio abreviado en la causa por el desvío de más de $35 millones. La estrategia apunta a reconocer responsabilidad penal para acceder a condenas en suspenso y evitar la cárcel.
La causa de las cooperativas truchas en Las Heras se transformó en uno de los expedientes más resonantes de la justicia mendocina. El proceso judicial involucra directamente a Daniel Orozco, quien gobernó el municipio entre 2015 y 2023, y a su esposa, la legisladora suspendida Janina Ortiz, ambos acusados de haber participado en maniobras de corrupción vinculadas al desvío de fondos públicos.
La investigación, encabezada por el fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli, determinó que entre 2021 y 2023 se desviaron $35.511.386,14 mediante contrataciones irregulares a la cooperativa Manos a la Obra. Según la acusación, los servicios de limpieza contratados nunca se habrían realizado, y el dinero terminó depositado en cuentas de la organización fantasma.
El expediente se nutrió de audios filtrados del exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, donde se describían las maniobras. A partir de esas pruebas, la Justicia imputó a Orozco como autor de cuatro hechos de peculado doloso, mientras que Ortiz fue señalada como coautora y acusada además de uso de documento público falso.
En septiembre de 2026, la jueza Dolores Ramón resolvió la elevación a juicio, con penas previstas de entre 2 y 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Frente a ese escenario, la defensa de los principales imputados presentó un pedido de juicio abreviado, reconociendo culpabilidad a cambio de una condena menor.
El objetivo es evitar un juicio oral que podría derivar en prisión efectiva. Si la Fiscalía de Delitos Económicos acepta el acuerdo, Orozco y Ortiz recibirían penas en suspenso, lo que les permitiría cumplir la condena sin ingresar a la cárcel.
El caso tiene un fuerte impacto político. Orozco, que en 2023 rompió con Cambia Mendoza para sumarse a La Unión Mendocina de Omar De Marchi, vio truncada su carrera tras el escándalo. Ortiz, suspendida de la Legislatura, enfrenta el mismo destino. La causa golpea la credibilidad del espacio demarchista y reaviva el debate sobre la corrupción en la gestión municipal.