El episodio que expuso a internos mendocinos en una videollamada con un creador de contenido bonaerense derivó en una requisa inmediata, el secuestro de celulares y la apertura de sumarios disciplinarios que comprometen sus posibilidades de acceder a beneficios penitenciarios.
El streamer bonaerense Valentín Melo, con más de 600.000 seguidores, se conectó al azar con cuatro internos del Complejo Penitenciario N°2 San Felipe. Durante la charla, los detenidos mostraron una camiseta de la Selección y reconocieron estar privados de libertad. El video se difundió rápidamente en redes sociales, generando repercusión nacional y poniendo en evidencia la vulnerabilidad del sistema carcelario.
Tras la viralización, el Servicio Penitenciario de Mendoza desplegó un operativo en el pabellón 8B. La Unidad de Grupos Especiales incautó cinco celulares, que serán sometidos a pericias para determinar su procedencia y uso. El Ministerio de Seguridad y Justicia confirmó la apertura de actuaciones administrativas, disciplinarias y judiciales, además de una investigación para establecer cómo ingresaron los dispositivos al penal y si hubo complicidad interna o externa.
Las sanciones que enfrentan los internos
La tenencia de celulares constituye una falta grave en el régimen penitenciario mendocino. Los internos involucrados deberán afrontar sanciones disciplinarias que impactan directamente en su código de conducta penitenciario. Esto repercute en sus evaluaciones de reinserción social y limita sus posibilidades de acceder a beneficios como:
- salidas transitorias
- regímenes de semilibertad
- libertad condicional
En términos prácticos, los detenidos podrían ver retrasada o anulada la posibilidad de obtener reducciones de pena o permisos especiales.
El episodio no solo puso en evidencia la facilidad con la que ingresan celulares a las cárceles, sino que también abrió un debate sobre el control interno y las responsabilidades del personal penitenciario. La viralización del video dejó al descubierto un problema recurrente en el sistema de seguridad y generó presión política para reforzar los protocolos de requisa y vigilancia.
Lo que para los internos fue un momento de exposición digital terminó en un escándalo institucional con consecuencias concretas: sanciones disciplinarias, pérdida de beneficios penitenciarios y un mayor escrutinio sobre la seguridad en los penales.