El exintendente de Las Heras y la diputada provincial suspendida reconocieron su responsabilidad en la causa por el desvío de fondos municipales y acordaron un juicio abreviado. El pacto contempla tres años de prisión en suspenso, una multa económica y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ahora resta la homologación judicial.
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la diputada provincial suspendida Janina Ortiz acordaron con el Ministerio Público Fiscal resolver mediante un juicio abreviado la causa que investiga una maniobra de corrupción en la Municipalidad de Las Heras. El acuerdo establece una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque todavía debe ser homologado por la Justicia para convertirse en una condena firme.
El entendimiento implica que ambos deberán reconocer los hechos incluidos en la acusación y aceptar la pena acordada con la Fiscalía. Al tratarse de una condena de tres años, la prisión sería de cumplimiento condicional y no implicaría el ingreso efectivo a una unidad penitenciaria, siempre que se cumplan las condiciones que establezca el tribunal.
El acuerdo también contempla una sanción económica, cuyo monto deberá determinarse dentro del proceso y que estará vinculada con la restitución de fondos públicos que, según la investigación, fueron desviados mediante una estructura de contrataciones irregulares.
Orozco y Ortiz reconocieron los hechos investigados
El acuerdo fue firmado ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, con la participación de las defensas de los imputados y del fiscal Juan Ticheli. La propuesta establece que Orozco y Ortiz acepten su responsabilidad por los hechos que forman parte de la acusación fiscal y eviten así la realización de un juicio oral y público.
El procedimiento abreviado permite resolver una causa penal mediante un acuerdo entre la Fiscalía y los acusados, siempre que exista reconocimiento de los hechos y aceptación de la pena. Sin embargo, el acuerdo no queda vigente automáticamente: debe ser revisado y homologado por el tribunal correspondiente.
La causa por la llamada “cooperativa fantasma”
La investigación se inició a partir de una serie de hechos ocurridos durante la gestión de Orozco al frente de la Municipalidad de Las Heras. Según la acusación fiscal, entre 2021 y 2023 se habría desarrollado un mecanismo destinado a extraer fondos de las arcas municipales mediante contrataciones vinculadas con la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra.
La entidad estaba formalmente constituida y tenía como actividad el reciclaje, pero de acuerdo con la investigación no se encontraba funcionando de manera efectiva. La Fiscalía sostiene que la cooperativa fue utilizada para simular la prestación de servicios de limpieza que en realidad no se habrían realizado.
El perjuicio económico calculado durante la investigación asciende a $35.511.386,14, según la información incorporada al expediente.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el mecanismo involucró distintos expedientes administrativos correspondientes a licitaciones públicas y contrataciones directas. En esos trámites se habrían incorporado documentación, planillas y facturas que respaldaban servicios que, según la investigación, no habían sido efectivamente prestados.
Otro de los elementos señalados por los investigadores está relacionado con la generación de facturas electrónicas y el manejo de claves fiscales desde dependencias municipales. Los fondos posteriormente habrían sido transferidos desde las cuentas de la comuna hacia una cuenta bancaria vinculada con la cooperativa.
La investigación sostiene además que distintos funcionarios participaron de la tramitación de los pagos sin realizar los controles administrativos que correspondían.
Qué delitos se les atribuyen a Orozco y Ortiz
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía contempla el reconocimiento de responsabilidad por el delito de peculado doloso, en cuatro hechos relacionados con el manejo de fondos municipales.
La situación procesal de Janina Ortiz es más amplia debido a que también enfrenta otras acusaciones que fueron incorporadas al acuerdo. Entre ellas aparece el presunto uso de documento público falso, en concurso con peculado, en distintos hechos investigados dentro de la causa.
Además, Ortiz está involucrada en una investigación por amenazas coactivas, iniciada a partir de la denuncia de dos empleadas municipales. Según la hipótesis de la Fiscalía, una de las trabajadoras habría sido presionada bajo amenaza de perder su empleo para mantener un encuentro con el exsubsecretario Osvaldo Oyhenart y realizar una grabación de manera encubierta.
Un punto importante es que el acuerdo alcanzado por Orozco y Ortiz solamente resuelve la situación procesal de ambos. La investigación por las contrataciones y el funcionamiento de las cooperativas continúa respecto de los demás imputados.
Entre ellos se encuentra Osvaldo Oyhenart, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos participantes de la maniobra, además de Adrián “Moco” Pérez, titular de la cooperativa investigada.
En total, son ocho los imputados cuya situación no queda resuelta por el acuerdo firmado por la pareja. Por lo tanto, el juicio abreviado no significa el cierre de toda la causa por las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión municipal.
Qué falta para que Orozco y Ortiz sean condenados
Aunque el acuerdo ya fue aceptado por las partes involucradas, todavía resta una instancia judicial fundamental: la homologación. La audiencia deberá realizarse ante el Tribunal Penal Colegiado N.º 1, donde los acusados deberán ratificar personalmente el acuerdo y reconocer los hechos incluidos en la acusación.
También deberán aceptar la pena establecida y renunciar a eventuales vías de impugnación vinculadas con el acuerdo.
Una vez cumplida esa instancia, el tribunal estará en condiciones de resolver si homologa el pacto y dicta la correspondiente sentencia condenatoria. Por eso, técnicamente, Orozco y Ortiz todavía no cuentan con una condena firme: el acuerdo establece la pena propuesta, pero falta la decisión judicial que lo homologue.
Tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua
La pena acordada contempla tres años de prisión en suspenso, por lo que, de ser homologada, ambos evitarían el cumplimiento efectivo de una pena de prisión. Sin embargo, la sanción incluye una consecuencia especialmente relevante para su futuro político: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta medida tendría un impacto directo sobre Ortiz, quien actualmente se encuentra suspendida de su banca en la Cámara de Diputados de Mendoza. La homologación del acuerdo podría derivar además en nuevas decisiones dentro de la Legislatura respecto de su situación como diputada provincial.