Dos personas se presentaron a declarar en el Polo Judicial por el vehículo que fue retirado ilegalmente de un depósito municipal. La investigación busca determinar cómo se falsificaron los documentos y qué participación tuvieron los distintos actores involucrados.
La investigación por el Corsa blanco que fue retirado de una playa de secuestro de Guaymallén con documentación presuntamente falsa sumó nuevos capítulos. En las últimas horas, dos personas vinculadas al expediente se presentaron ante la Justicia para brindar sus testimonios y aportar información sobre el caso.
El vehículo permanecía secuestrado desde 2022 en un depósito municipal. Sin embargo, el pasado 19 de junio fue retirado mediante una orden de liberación emitida por una jueza civil, luego de que se presentara documentación que posteriormente quedó bajo sospecha.
Entre las personas que declararon se encuentra Pablo Núñez, quien figuraba en los papeles como la persona que había acudido a retirar el vehículo. Ante la Justicia, aseguró que su identidad habría sido usurpada y que no tuvo participación en la maniobra.
También se presentó Facundo López, hijo de la propietaria del automóvil, quien ya falleció. López amplió su declaración ante la Fiscalía de Delitos Económicos y explicó cómo tomó conocimiento de la situación y cuáles fueron los trámites que realizó para intentar recuperar el vehículo.
Una investigación que apunta a documentos falsos
El caso quedó bajo la lupa luego de que se detectara que el automóvil había sido retirado utilizando documentación adulterada, firmas presuntamente apócrifas de una escribana y la identidad de una persona fallecida.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, confirmó que tomó conocimiento de la situación y que se dispusieron actuaciones para determinar cómo se produjo la maniobra.
Según explicó, desde el Poder Judicial se inició una investigación interna para establecer cómo fueron validados los documentos utilizados para obtener la liberación del vehículo y determinar si existió algún tipo de adulteración.
En ese marco, se instruyó a la Inspección Notarial para que investigue a la escribana que habría intervenido en la certificación del poder presentado para retirar el Corsa.
“Evidentemente estaríamos frente a un supuesto de fraude, de alteración de documentación pública y privada”, señaló Garay al referirse a la hipótesis que se encuentra bajo investigación.
También investigan el trámite judicial
Uno de los puntos que busca esclarecer la investigación es el rol que tuvo la jueza civil que autorizó la entrega del vehículo.
La magistrada emitió el oficio de liberación a partir de la documentación que había sido incorporada al expediente. Según explicó Garay, el abogado del municipio se presentó ante la jueza, informó que la multa correspondiente había sido abonada y acompañó la documentación digital necesaria para solicitar la liberación del automóvil.
De acuerdo con la explicación brindada por el titular de la Suprema Corte, la jueza analizó la documentación presentada y, al no advertir aparentemente ninguna irregularidad, autorizó la entrega del vehículo, siguiendo un procedimiento habitual en este tipo de trámites.
Por este motivo, la investigación apunta ahora a determinar si la documentación presentada ante el juzgado había sido adulterada previamente y si existieron fallas en los mecanismos de validación.
La Fiscalía de Delitos Económicos busca determinar responsabilidades
Mientras la Suprema Corte realiza su propia investigación sobre los procedimientos judiciales y la actuación notarial, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad de Delitos Económicos, lleva adelante la investigación penal.
El objetivo es determinar si efectivamente existió fraude y falsificación de documentación pública y privada, además de establecer quiénes participaron de la maniobra.
El caso presenta varios interrogantes: cómo se obtuvo documentación a nombre de una persona fallecida, quién confeccionó los oficios utilizados para retirar el vehículo, cómo se incorporaron al expediente judicial y de qué manera fueron validados hasta lograr que el Corsa pudiera salir de la playa de secuestro.
Con las nuevas declaraciones y las investigaciones abiertas en distintos ámbitos, la Justicia busca reconstruir el recorrido de la documentación y determinar quiénes estuvieron detrás del retiro irregular del automóvil.