Docente imputada en Tupungato por distribución de videos de abuso infantil: la decisión de la DGE

Docente imputada en Tupungato por distribución de videos de abuso infantil: la decisión de la DGE

Policiales

La docente fue imputada por distribución de material ilegal y recuperó la libertad tras pagar una fianza. El caso sigue en investigación tanto en la Justicia como en la institución educativa.

Durante la tarde del jueves, la Policía de Investigaciones detuvo en Tupungato a una docente acusada de distribuir material de abuso sexual infantil.

La investigación comenzó tras una alerta internacional enviada por Google, que detectó la carga de videos con contenido de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en una de sus plataformas. La empresa estadounidense notificó al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una organización que lucha contra la explotación infantil. A través de un informe, se confirmó que la actividad ilegal se había realizado desde tres dispositivos ubicados en Tupungato, Mendoza.

La denuncia llegó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, que remitió el caso a la Unidad Fiscal del Valle de Uco, bajo la responsabilidad del fiscal Pablo Fossaroli. Tras analizar las pruebas, la Unidad Investigativa Departamental Tupungato realizó un allanamiento en el domicilio de la docente, donde se secuestraron celulares, tablets y pendrives que serán analizados para avanzar en la causa.

La mujer fue imputada por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil y recuperó la libertad luego de pagar una fianza.

La decisión de la Dirección General de Escuelas

En respuesta a esta situación, la DGE tomó medidas inmediatas y decidió dar de baja a la docente de su cargo como vicedirectora suplente y ordenó su traslado preventivo del puesto de maestra titular.

Esta medida le prohíbe acercarse a la escuela o a los niños mientras se investiga el caso.

Además, la DGE remitió el expediente a la Junta de Disciplina, que abrió un proceso administrativo paralelo al judicial para evaluar su situación laboral.

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