La Federación Nacional de Docentes Universitarios definió una nueva medida de fuerza desde el miércoles 30 de septiembre. El reclamo apunta a la recomposición salarial del personal docente y no docente y está ligado al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) definió realizar un nuevo paro total de actividades a partir del miércoles 30 de septiembre. La medida tendrá una duración de 48 o 72 horas y la organización buscará coordinarla con CONADU Histórica.
La decisión fue tomada por mayoría durante el Plenario de Secretarias y Secretarios de la federación.
El reclamo principal está relacionado con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, en particular con la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales.
CONADU advirtió que el paro podría quedar suspendido si el Gobierno nacional cumple, antes del martes 29 de septiembre, con la recomposición salarial del 33,4% que la organización considera establecida por la normativa y con la intimación judicial dictada por el juez federal Martín Cormick.
La nueva medida de fuerza se definió luego de la última negociación paritaria, en la que el Gobierno ofreció un aumento del 3%. La propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales universitarias.
Los gremios sostienen que los salarios deben ser recompuestos de acuerdo con lo establecido por la Ley 27.795. En ese marco, el Frente Sindical de Universidades Nacionales había intimado al Gobierno para que aplicara un aumento del 33,4% antes del 30 de septiembre.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que la federación continuará con el plan de lucha y vinculó las próximas medidas con la organización de la comunidad universitaria frente al escenario actual.
El conflicto también llegó a los tribunales. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado Nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada con la Ley 27.795.
La resolución señaló que, ante un eventual incumplimiento, podrían aplicarse multas diarias por cada jornada de demora. El magistrado consideró que no se había acreditado el cumplimiento total de una medida cautelar que ya se encontraba vigente.
La medida está vinculada principalmente con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Allí se contempla la recomposición de los salarios del personal docente y no docente, además de la actualización de becas y programas destinados a estudiantes.
En paralelo con el anuncio del paro, el Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución de Cormick ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida cautelar ya fue cumplida y que esa situación fue informada y acreditada oportunamente ante el juzgado. La Justicia, en cambio, consideró que todavía no estaba demostrado el cumplimiento total y mantuvo vigente la intimación.
El conflicto judicial tiene como antecedente una medida cautelar dictada a fines de 2025 y posteriormente confirmada por la Cámara. En junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno al considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.