Aislados en celdas insalubres, sin acceso a abogados y con una huelga de hambre que ya afecta su salud, los dos argentinos permanecen bajo custodia en Bengasi mientras sus familias reclaman gestiones urgentes de la diplomacia nacional.
La historia de Paula Giménez y Lucas Aguilera se transformó en un verdadero calvario desde que fueron detenidos en Libia el pasado 24 de mayo. Ambos integraban el convoy humanitario de Global Sumud Maghreb, con destino a Gaza, cuando fueron interceptados en un puesto de control militar en la zona de Sirte. Desde entonces, permanecen privados de libertad en condiciones que sus familiares califican como “inhumanas”.
En los primeros días, los mendocinos fueron alojados en calabozos individuales, completamente a oscuras y con un retrete como único mobiliario. Posteriormente, fueron trasladados a una celda compartida infestada de cucarachas y mosquitos, lo que agravó el deterioro físico y emocional. La decisión de iniciar una huelga de hambre buscó visibilizar su situación, aunque ya provocó una convulsión en Paula que requirió atención médica.
El contacto telefónico logrado recientemente con sus familias fue un alivio parcial. Nora, madre de Paula, relató la angustia de escuchar a su hija debilitada y sin certezas sobre su futuro. Alberto, hermano de Lucas, subrayó que si bien no hubo agresiones físicas, el deterioro psicológico es evidente y la incomunicación prolongada incrementa la desesperación.
En el plano diplomático, la Cancillería argentina confirmó la ubicación de los detenidos en Bengasi, pero no consiguió acceso directo. Las gestiones se canalizan a través de la Embajada en Túnez y con apoyo de Italia, cuyo cónsul en la región logró intervenir en favor de ciudadanos europeos, aunque sin éxito respecto de los argentinos.
Organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionaron la tibieza de la respuesta oficial y exigieron una prueba de vida. Además, presentaron denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, buscando presionar por una liberación inmediata y garantizar condiciones dignas de detención.
En Mendoza, la comunidad local acompaña el reclamo y exige mayor compromiso del Estado nacional. El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, fue el único funcionario argentino que se comunicó directamente con las familias, gesto que contrasta con el silencio de otras autoridades.
La situación de Paula y Lucas refleja los riesgos que enfrentan quienes se involucran en causas humanitarias en zonas de conflicto. Sus familiares insisten en que la prioridad es garantizar su integridad y lograr un pronto regreso a la Argentina. Mientras tanto, la presión internacional se vuelve clave para destrabar un caso que ya lleva más de diez días sin respuestas claras.