La causa por un presunto abuso en un ritual deportivo suma imputadas y reabre el debate judicial, mientras la madre de una de las acusadas cuestiona la denuncia, denuncia intereses económicos y asegura que “no hubo delito”.
La causa por el presunto abuso sexual en el marco de un “ritual de iniciación” en un club vuelve a cobrar impulso judicial con dos jugadoras imputadas y la posibilidad de que en los próximos días se sumen más acusaciones. El expediente, que investiga hechos ocurridos en abril de 2023, está a cargo del fiscal Mauro Perazzi y se centra en una figura penal que prevé penas de entre tres y diez años de prisión en caso de comprobarse culpabilidad.
Según se desprende de la investigación, ambas partes coinciden en la materialidad de los hechos, pero difieren en su interpretación: mientras la querella sostiene que se trató de un abuso sexual agravado, la defensa asegura que fueron prácticas propias de una bienvenida deportiva, sin connotación delictiva.
El abogado querellante, Francisco Machuca, remarcó que el relato de la denunciante es consistente y cuenta con respaldo pericial. Además, señaló que una de las imputadas reconoció la existencia de filmaciones del episodio, aunque aseguró que luego fueron eliminadas. Para la acusación, este punto refuerza la hipótesis de que los hechos ocurrieron tal como fueron denunciados.
Desde la defensa, el abogado Fernando Peñaloza planteó una visión opuesta: sostuvo que participaron cerca de 20 personas en la actividad, que solo una de las seis jugadoras involucradas denunció lo ocurrido y que no existió intención sexual en las conductas. También indicó que, tras manifestar incomodidad la denunciante, las jóvenes se acercaron a pedir disculpas, pero no por un supuesto abuso, sino por el malestar generado.
Sin embargo, el testimonio que aportó mayor tensión al caso fue el de la madre de una de las imputadas, quien defendió con firmeza la inocencia de las jóvenes y cuestionó duramente el proceso judicial.
“Esto es una pesadilla que lleva tres años. Nuestras hijas están teniendo que demostrar que no cometieron un delito que no existió”, afirmó. Según su relato, la causa ya había sido analizada previamente por una fiscal especializada que había solicitado su archivo al considerar que no había elementos para configurar un delito.
En ese sentido señaló que entre las acusaciones hacia los jóvenes “les dijeron que eran unas violadoras en manada”.
La mujer insistió en que el contexto es clave: “Estamos hablando de una bienvenida en un club, entre chicas que eran amigas. Es una locura pensar en un abuso sexual en ese escenario”. Además, sostuvo que los peritajes oficiales no detectaron indicios compatibles con abuso ni con estrés postraumático.
En su declaración, también apuntó contra la familia de la denunciante y los abogados querellantes. “Hay una tergiversación de lo que pasó. Primero no entendíamos el motivo, pero hoy creemos que hay un interés económico detrás”, afirmó, al mencionar la existencia de una demanda civil millonaria.
La madre también cuestionó el rol de los medios y aseguró que el caso fue “llevado fuera del ámbito judicial”, lo que, según ella, influyó en la reapertura de la causa. “No puede haber una justicia manipulada por la presión mediática”, expresó.
En paralelo, las defensas solicitaron la nulidad de las imputaciones al considerar que carecen de fundamentos suficientes, un planteo que aún debe ser resuelto. Mientras tanto, las jugadoras continúan declarando en busca de incorporar “otro relato” al expediente.
El caso, que reabre un debate sobre los límites de ciertas prácticas deportivas y el consentimiento, sigue sumando capítulos en un escenario marcado por versiones contrapuestas, tensiones judiciales y un fuerte impacto en las familias involucradas.