El organismo provincial notificó a familias de distintos departamentos por atrasos que van desde 14 hasta más de 200 cuotas impagas. Los casos más graves superan los $155 millones y abren un debate sobre la morosidad y el impacto social de las medidas.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Mendoza intensificó en octubre las intimaciones contra adjudicatarios de casas sociales que presentan deudas millonarias y ocupaciones irregulares. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, marca un giro en la política habitacional: el organismo busca recuperar fondos y garantizar que las viviendas lleguen a quienes cumplen con los requisitos.
Las notificaciones alcanzan a familias de Maipú, Rivadavia, La Paz, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz, con cifras que muestran una gran disparidad. En el barrio Almirante Brown de Las Heras, un adjudicatario acumula 95 cuotas impagas que representan más de $155 millones, mientras que en Las Dos Costas de Guaymallén se registran 205 cuotas vencidas por apenas $175.851.
En Maipú, el barrio Renacer Industrializada figura con una deuda de $3.766.744 por 23 cuotas atrasadas, y en Rivadavia, el complejo Jesús Obrero presenta un atraso similar, con $3.766.309 por 24 cuotas. En La Paz, el barrio Villa Nueva acumula 116 cuotas impagas de tan solo $6.912,48 que suman $801.847.
Otros casos se repiten en Godoy Cruz, donde el barrio Los Peregrinos registra 180 cuotas vencidas por $184.929, y en Guaymallén, el barrio Bonfanti muestra deudas que oscilan entre $903.587 y $2.578.112 por 17 cuotas.
El procedimiento establece que los adjudicatarios intimados cuentan con diez días hábiles para presentar defensa, pruebas y regularizar la deuda. De no hacerlo, el IPV podrá avanzar con la desadjudicación de las viviendas, en cumplimiento del Decreto 868/77.
La medida se enmarca en una política de endurecimiento de controles frente a la morosidad y la ocupación irregular de unidades habitacionales. Según fuentes oficiales, el objetivo es garantizar que los programas sociales cumplan su función y que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan.
Muchas familias enfrentan el riesgo de perder su única propiedad, mientras que el IPV busca recuperar recursos para sostener nuevos proyectos habitacionales. La tensión entre la necesidad de disciplina financiera y la realidad económica de los adjudicatarios abre un debate sobre la sustentabilidad de los planes de vivienda en la provincia.