El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención administrativa de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén luego de recibir denuncias por irregularidades en su funcionamiento y manejo contable.
El departamento de Guaymallén vuelve a estar en el centro de la escena tras la intervención de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios por parte del Gobierno de Mendoza. La medida llega luego de varias denuncias sobre presuntas irregularidades en su funcionamiento institucional y económico, lo que motivó al Ejecutivo provincial a tomar control administrativo por un período de seis meses.
De acuerdo con fuentes oficiales, se detectaron problemas en el padrón de asociados, falta de cobro de cuotas y dificultades para dar altas y bajas de miembros. También se cuestionó la utilización de un sistema de listas no contemplado en el estatuto y denuncias de hostigamiento hacia socios opositores.
Estas irregularidades llevaron a la decisión de intervenir la institución, con el objetivo de normalizar su funcionamiento y transparentar su administración.
El gobierno provincial designó a Mónica Beatriz Elías como coadministradora de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Guaymallén. Su labor, establecida “ad honorem”, será supervisar los balances, regularizar la presentación de documentación contable, actualizar el padrón de asociados y convocar a una Asamblea General Ordinaria en el plazo de seis meses.
Según la resolución oficial, la intervención busca garantizar el orden institucional y asegurar que la entidad cumpla con las normas vigentes para asociaciones civiles en la provincia.
Este viernes comenzó el inventario de bienes y recursos del cuartel, con presencia de miembros de la entidad y funcionarios provinciales. La tarea forma parte del plan de trabajo que apunta a reorganizar la estructura administrativa y financiera de los bomberos voluntarios en Guaymallén.
Próximos pasos
En los próximos meses, la coadministradora deberá presentar informes periódicos al Gobierno provincial y diseñar un plan para restablecer la normalidad institucional. La intervención podría prolongarse si las irregularidades no se corrigen en el tiempo establecido.