La exsecretaria de Gobierno de Las Heras exige que la Cámara de Diputados le pague las dietas que dejó de percibir entre marzo de 2024 y octubre de 2026. Su defensa sostiene que la suspensión sin goce de haberes vulneró la presunción de inocencia. El reclamo judicial avanza en paralelo al proceso legislativo que podría terminar con su destitución.
La diputada provincial suspendida Janina Ortiz reclamó el pago de 30 meses de sueldo correspondientes al período en el que permaneció apartada de su banca y sin percibir haberes en la Legislatura de Mendoza. El planteo, presentado en 2024 y ampliado posteriormente, deberá ser analizado por la Suprema Corte de Justicia, mientras la Cámara de Diputados avanza con el procedimiento para definir su continuidad como legisladora.
Ortiz sostiene que la decisión de suspenderla sin cobrar su dieta, adoptada el 27 de marzo de 2024, afectó su derecho a la presunción de inocencia, ya que en ese momento todavía no tenía una condena judicial. La resolución legislativa había establecido que permanecería suspendida y sin percibir haberes hasta que existiera una sentencia.
El reclamo comprende los sueldos que dejó de cobrar desde marzo de 2024 hasta octubre de 2026, cuando fue condenada en una causa por corrupción vinculada con su gestión en la Municipalidad de Las Heras.
Por qué Janina Ortiz reclama los sueldos que dejó de cobrar
El planteo de Ortiz se originó después de que la Cámara de Diputados resolviera suspenderla de su banca, el 27 de marzo de 2024, mientras avanzaban las causas penales en su contra. La medida fue adoptada sin goce de haberes y bajo la causal de indignidad.
La defensa de la legisladora considera que la decisión vulneró la presunción de inocencia, porque al momento de la suspensión no existía una condena firme. Por ese motivo, solicitó que se le restituyan las dietas correspondientes a los 30 meses en los que no percibió su salario.
El abogado de Ortiz, Raúl Burela, sostuvo que existió una falta de regulación específica sobre la posibilidad de suspender a una legisladora sin pagarle sus haberes. También argumentó que la retención afectó el carácter alimentario de esos ingresos.
La Cámara de Diputados, en cambio, había fundamentado la medida en las atribuciones previstas por la Constitución provincial para suspender a sus integrantes bajo determinadas circunstancias.
El reclamo judicial fue presentado el 29 de abril de 2024 mediante un recurso de inconstitucionalidad y posteriormente se amplió para incluir el período durante el cual Ortiz continuó suspendida.
Según la información, el expediente fue puesto en conocimiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. El tratamiento deberá avanzar una vez que intervenga la Procuración General.
La discusión gira en torno a si la suspensión sin percepción de la dieta, dispuesta por la Cámara de Diputados antes de una condena judicial, se ajustó al marco constitucional y a las facultades disciplinarias del cuerpo legislativo.
Por el momento, el reclamo salarial no tiene una resolución definitiva. La presentación tampoco implica que Ortiz tenga reconocido el derecho a cobrar los haberes reclamados: esa cuestión deberá ser definida en el ámbito judicial.
Janina Ortiz fue condenada a tres años de prisión en suspenso
El reclamo por los salarios se conoce luego de que Ortiz y su esposo, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco, fueran condenados en una causa por corrupción vinculada con el manejo de fondos municipales.
Ambos aceptaron un juicio abreviado y recibieron una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el expediente relacionado con el desvío de fondos hacia la cooperativa de trabajo Manos a la Obra.
La condena se dictó el 20 de octubre de 2026. La pena de prisión en suspenso no implica el cumplimiento efectivo de la condena en una cárcel, aunque la inhabilitación para ejercer cargos públicos tiene consecuencias sobre la situación institucional de Ortiz.
La sentencia reactivó, además, el procedimiento legislativo que había quedado pendiente mientras se desarrollaba la causa penal.
La Legislatura avanza con el proceso para destituirla
En paralelo al reclamo económico, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados resolvió citar a Ortiz para el lunes 2 de noviembre, a las 10, con el objetivo de que pueda ejercer su derecho de defensa antes de que se defina su situación en la Cámara.
El presidente de la comisión, el diputado peronista Julio Villafañe, explicó que la convocatoria forma parte del procedimiento institucional posterior a la recepción de la sentencia judicial.
La intención es que Ortiz pueda presentar su descargo y que, luego de esa instancia, el asunto avance en la Legislatura. Según lo previsto por las autoridades legislativas, la Cámara podría tratar su destitución el miércoles 4 de noviembre, con la mayoría requerida para esa decisión.