La DGE implementó un operativo obligatorio tras las amenazas en establecimientos educativos. Padres y tutores deberán firmar una circular con nuevas pautas de convivencia, control y responsabilidades legales.
Tras una serie de episodios que encendieron las alarmas, incluidas más de 70 denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha un nuevo acuerdo de responsabilidad parental obligatorio para todas las instituciones educativas de la provincia. La medida, formalizada a través de una Circular Institucional Obligatoria, forma parte de un operativo integral que apunta a reforzar la convivencia escolar, la seguridad y el rol de las familias dentro del sistema educativo.
Mediante el Memorandum 15/26 de la Jefatura de Gabinete de la DGE se dispone la implementación de un operativo que establece la citación formal de madres, padres o tutores de todas las escuelas de la provincia para notificar una nueva Circular Institucional vinculada a la responsabilidad parental, la convivencia en el ámbito educativo y la seguridad.
Qué dice el nuevo operativo de la DGE para las escuelas en Mendoza
A través de una Circular Institucional Obligatoria, el Gobierno escolar estableció un marco claro de responsabilidades para padres, madres y tutores, que deberán ser notificados formalmente en cada escuela.
La medida exige que las instituciones:
- Citen a las familias a una reunión presencial obligatoria
- Expliquen los alcances del nuevo acuerdo
- Entreguen la documentación oficial
- Registren la firma de notificación
Los puntos clave del acuerdo: control, sanciones y obligaciones
El documento establece una serie de normas estrictas vinculadas a la seguridad escolar y la responsabilidad adulta. Entre los principales puntos se destacan:
Control de pertenencias
Las familias deberán garantizar que los estudiantes no ingresen con objetos peligrosos o ajenos a la actividad educativa. Esto quiere decir que los padres serán responsables por lo que sus hijos lleven en sus mochilas asegurando que no porten elementos que puedan “lesionar, agredir o violentar al propio estudiante o a terceros”. Explican que: “Toda omisión en esta supervisión primaria será considerada una clara inobservancia de los deberes de cuidado, haciendo recaer sobre los progenitores o tutores las consecuencias legales y patrimoniales que de ello se deriven”.
Responsabilidad civil y patrimonial
Los adultos podrán ser responsabilizados económicamente por hechos que alteren el normal funcionamiento escolar, como falsas amenazas o intimidaciones. “Se iniciarán las acciones legales para trasladar a los responsables el pago de los costos operativos derivados de actos de intimidación pública, falsa alarma social o cualquier maniobra de perturbación del orden institucional que afecte el normal desarrollo de la jornada educativa”, establece.
Tipificación Penal y Contravencional: advertencias legales
Se aclara que ciertas conductas, como intimidación pública, pueden derivar en sanciones bajo normativa penal o contravencional vigente para las conductas que afecten el orden público. Indican que: ” Los adultos responsables son garantes de las conductas de los menores a su cargo”.
Concurrencia obligatoria
Padres y tutores deberán asistir a la escuela obligatoriamente ante situaciones críticas o cuando sean convocados por la institución. En caso de que no se hagan presentes, las autoridades escolares “procederán según la ley, pudiendo ser tipificado como “Negligencia” (según Art. 30 Ley 26.061) con intervención de los organismos de protección (ETI) y autoridades judiciales”.
Canales de comunicación y derechos de las familias
Las familias tienen el derecho a concurrir con el debido respeto y orden a la institución si tienen dudas o inquietudes. En estos casos, las autoridades escolares deberán atender las peticiones de los padres.
Uno de los ejes centrales del acuerdo es reforzar la responsabilidad parental en el ámbito educativo, estableciendo que el control de los elementos personales de los estudiantes debe realizarse previamente en el hogar. Desde la DGE remarcaron que cualquier omisión en ese control será considerada una falta en los deberes de cuidado, lo que podría derivar en consecuencias legales para los adultos responsables.
Qué pasa si las familias no cumplen con el acuerdo
El documento también contempla sanciones en caso de incumplimiento. Si los adultos no asisten a las convocatorias o no responden a las notificaciones, la escuela podrá dar por válida la comunicación por otros medios.
Además, si se detectan situaciones de negligencia parental, se dará intervención a organismos como el ETI y eventualmente a la Justicia, en el marco de la Ley 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes.