El Gobierno de Mendoza promulgó la ley que amplía el uso del Fondo Escolar Permanente y permitirá financiar viviendas para docentes y celadores. La primera etapa contempla unas 250 unidades y el esquema prevé un ahorro inicial del 20% y un crédito hipotecario para cubrir el 80% restante.
El Gobierno de Mendoza avanza con un programa destinado a facilitar el acceso a la vivienda propia para docentes de toda la provincia. La iniciativa se pondrá en marcha luego de la promulgación de una ley que modifica el destino del Fondo Escolar Permanente y habilita a utilizar parte de sus recursos como herramienta de respaldo para nuevas operatorias habitacionales. La primera etapa contempla la construcción de unas 250 viviendas, aunque todavía resta definir las condiciones definitivas de los créditos que permitirán acceder a las unidades.
La Dirección General de Escuelas (DGE) trabaja junto al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y mantiene conversaciones con el Banco Nación para terminar de establecer las características del financiamiento. El programa estará destinado a trabajadores de la educación que cumplan determinados requisitos, entre ellos contar con ingresos familiares equivalentes a cinco Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, apto crediticio y no ser propietarios de otra vivienda.
IPV: cuánto habrá que ganar para acceder a las casas para docentes
Uno de los principales requisitos estará relacionado con los ingresos del grupo familiar. Según los valores utilizados para la operatoria, los postulantes deberán acreditar ingresos conjuntos equivalentes a cinco salarios mínimos. Tomando como referencia un salario mínimo de $383.800, el ingreso familiar requerido sería de aproximadamente $1.919.000 mensuales.
Para alcanzar ese monto podrán computarse los ingresos del docente y de otros integrantes del grupo familiar, como su pareja.
Sin embargo, alcanzar el ingreso mínimo no garantizará automáticamente el acceso a una vivienda. También será necesario superar el análisis crediticio que realice la entidad financiera y cumplir con las restantes condiciones establecidas por el programa.
La evaluación incluirá el denominado scoring, mediante el cual se determinará la capacidad de pago de cada postulante.
Cómo será el financiamiento de las viviendas
El interesado deberá reunir el equivalente al 20% del valor de la vivienda, mientras que el 80% restante será cubierto mediante un crédito hipotecario.
Con los valores estimados actualmente, las viviendas tendrían un costo de entre $100 millones y $120 millones. Por lo tanto, el ahorro inicial podría ubicarse aproximadamente entre $20 millones y $25 millones.
Ese monto, sin embargo, no deberá necesariamente abonarse de una sola vez. La propuesta contempla que el ahorro pueda integrarse mediante cuotas durante un período estimado de entre 12 y 24 meses.
Una vez completado ese porcentaje, el resto se financiaría mediante un crédito hipotecario con un plazo que podría extenderse hasta 30 años. Las condiciones definitivas de ese préstamo todavía se encuentran en elaboración junto al Banco Nación.
Qué viviendas se construirán y dónde estarán
La primera etapa del programa contempla aproximadamente 250 viviendas. Las unidades proyectadas tendrán alrededor de 60 metros cuadrados y estarán distribuidas en espacios destinados a dos dormitorios, cocina-comedor y baño.
Además, el diseño permitirá realizar futuras ampliaciones, una característica contemplada dentro de la planificación de los proyectos. Los emprendimientos podrían desarrollarse en terrenos pertenecientes al Estado provincial y también en predios aportados por desarrolladores privados.
Entre las zonas mencionadas para esta primera etapa aparecen Guaymallén, Ciudad de Mendoza, San Rafael, Godoy Cruz y Junín. La ubicación definitiva y la cantidad de viviendas que se construirán en cada departamento quedarán establecidas una vez que se seleccionen los proyectos correspondientes.
Cuándo abrirán las inscripciones para las casas
Por el momento, no hay una fecha confirmada para la apertura de las inscripciones. La DGE espera avanzar primero con la definición de las condiciones financieras junto al Banco Nación antes de habilitar formalmente la preinscripción.
Desde el Gobierno señalaron que la convocatoria podría concretarse entre septiembre y octubre, aunque ese cronograma dependerá del avance de las negociaciones y de la evaluación de los proyectos presentados.
Mientras tanto, la cartera educativa trabaja en los formularios y mecanismos que deberán utilizar los interesados cuando se habilite el registro. Una vez abierta la convocatoria, los postulantes deberán presentar la documentación correspondiente y atravesar el proceso de evaluación.
Qué papel tendrá el Fondo Escolar Permanente
La nueva ley modifica el destino original del Fondo Escolar Permanente, que había sido creado para financiar obras, equipamiento e infraestructura educativa. Con la reforma, sus recursos también podrán utilizarse como herramienta para impulsar operatorias de vivienda destinadas a trabajadores de la educación.
El fondo acumula actualmente más de $500 millones y también podría recibir recursos provenientes de la venta o remate de determinados bienes estatales. Entre ellos aparecen inmuebles que ya no cumplen una función operativa, además de bienes provenientes de herencias vacantes y procesos de extinción de dominio.
La intención del Gobierno es que esos recursos puedan servir como respaldo y facilitar el acceso al financiamiento necesario para desarrollar los proyectos habitacionales.