La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles la adecuación provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. La iniciativa establece un sistema especializado para adolescentes de 14 a 17 años. Qué cambia en la investigación, los juicios y las medidas de privación de la libertad.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles el proyecto de adecuación provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil, con lo que la iniciativa obtuvo sanción definitiva en la Legislatura. La propuesta busca adaptar el funcionamiento de la Justicia y de los organismos provinciales a la Ley Nacional 27.801, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. Además, modifica aspectos vinculados con la investigación de los delitos, las medidas alternativas, los procesos judiciales y la privación de la libertad.
La iniciativa fue aprobada con 32 votos a favor, 10 en contra y una abstención. A partir de ahora, la provincia contará con un esquema procesal específico para adolescentes acusados de cometer delitos, con órganos judiciales especializados, medidas alternativas a la privación de la libertad y procedimientos diferenciados del sistema penal de adultos.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en Mendoza
El nuevo sistema alcanza a los adolescentes de entre 14 y 17 años acusados de cometer delitos. La legislación nacional establece que las personas comprendidas en ese rango etario quedan sujetas a un régimen de responsabilidad penal específico, diferente del destinado a los adultos. La finalidad declarada del sistema incluye la responsabilización por los hechos, la educación, resocialización e integración social.
La reforma mendocina incorpora esas pautas a la estructura provincial y crea un esquema procesal especializado.
Entre las herramientas previstas aparecen:
- Mediación y justicia restaurativa.
- Reparación del daño.
- Medidas educativas y de capacitación.
- Seguimiento y supervisión de los adolescentes.
- Monitoreo electrónico en los casos en que corresponda.
- Medidas alternativas a la privación de la libertad.
- Establecimientos especializados para quienes deban permanecer privados de su libertad.
La privación de la libertad queda planteada como una medida excepcional y debe cumplirse dentro del sistema especializado, sin alojar a adolescentes en cárceles comunes junto con adultos.
Qué pasa cuando detienen a un adolescente
El nuevo régimen establece un procedimiento específico desde el momento de la aprehensión. Según el texto aprobado, el fiscal cuenta con un plazo inicial de hasta tres horas para determinar qué debe ocurrir con el adolescente. En ese período deberá evaluar si existen familiares o referentes adultos responsables que permitan su reintegro al ámbito familiar o si corresponde trasladarlo a una unidad especializada.
La normativa busca que la permanencia en estos dispositivos sea excepcional. Si finalmente se dispone una medida de prisión preventiva, el adolescente deberá ser alojado en un establecimiento especializado del sistema de responsabilidad penal juvenil.
La reforma también contempla una separación por grupos de edad dentro de los dispositivos destinados a adolescentes. En ningún caso el nuevo régimen contempla el alojamiento de menores junto con personas adultas en cárceles comunes.
Cuánto puede durar la investigación y la prisión preventiva
Uno de los cambios incorporados al sistema provincial establece plazos concretos para las distintas etapas del proceso. La investigación penal preparatoria tendrá una duración máxima de 12 meses, incluidas las eventuales prórrogas.
En cuanto a la prisión preventiva, el régimen establece un plazo que puede extenderse hasta 18 meses, bajo las condiciones previstas por la normativa.
Además, cuando un adolescente sea puesto a disposición del fiscal, deberá ser imputado dentro de las primeras 12 horas, aunque ese plazo puede extenderse otras 12 horas en situaciones consideradas complejas.
Qué alternativas existen antes de llegar a una pena de prisión
Uno de los ejes centrales del nuevo sistema es la incorporación de medidas alternativas a la privación de la libertad.
Dependiendo de las características de cada caso, podrán utilizarse herramientas como la mediación, reparación del daño, reglas de conducta, continuidad educativa, capacitación laboral y seguimiento interdisciplinario.
La legislación nacional también contempla mecanismos como la prestación de servicios a la comunidad y el monitoreo electrónico.
La intención es que la respuesta penal no se limite al encierro y que, cuando las circunstancias del caso lo permitan, se implementen medidas orientadas a la responsabilización y la reinserción.
Cómo serán los juicios para adolescentes
La reforma crea un fuero penal juvenil especializado, con juzgados, tribunales, fiscalías y defensorías con intervención específica en este tipo de procesos. Los debates serán orales y reservados, de acuerdo con las características propias del régimen de adolescentes.
Los menores no serán sometidos a juicios por jurado popular como ocurre en determinados procesos penales de adultos en Mendoza.
Cuando en una misma causa estén involucrados un adulto y un adolescente, cada uno podrá quedar sometido a un procedimiento diferente. El adulto seguirá las reglas que correspondan al sistema penal general, mientras que el adolescente será juzgado dentro del fuero penal juvenil especializado.
El nuevo régimen también establece reglas específicas para los casos de flagrancia, es decir, cuando una persona es sorprendida mientras comete un delito o inmediatamente después.
En esas situaciones se prevén procedimientos con audiencias orales y plazos más breves. La reforma establece además límites para el uso del juicio abreviado. En el caso de adolescentes, el acuerdo deberá contar con un control judicial reforzado.
El juez deberá comprobar que el adolescente comprenda los hechos que se le atribuyen, la calificación legal y las consecuencias del acuerdo, además de verificar que el consentimiento haya sido personal, libre, informado e inequívoco.
Qué pasa si un adolescente cumple 18 años durante el proceso
El nuevo régimen también contempla situaciones en las que una persona comienza el proceso siendo menor de edad pero cumple 18 años durante la investigación o mientras cumple una condena.
En esos casos puede disponerse su traslado a un establecimiento destinado a adultos, aunque la normativa contempla que se procure un sector diferenciado de acuerdo con la edad y las características del proceso de reintegración.
De esta manera, el cumplimiento de los 18 años no implica automáticamente que desaparezcan las actuaciones iniciadas bajo el régimen penal juvenil.