María José Crimi y Diego Díaz, padres de Faustino Díaz Crimi, se movilizaron en la Legislatura de Mendoza para pedir que Diputados trate y convierta en ley el proyecto que busca regular las escuelas de verano públicas y privadas. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado y contempla registros, controles y nuevas exigencias de seguridad.
A más de un año y medio de la muerte de Faustino Díaz Crimi, sus padres volvieron a la Legislatura de Mendoza con un reclamo que trasciende su propia historia: que la provincia tenga una normativa que establezca cómo deben funcionar las escuelas de verano y qué condiciones de seguridad deben cumplir.
María José Crimi y Diego Díaz se reunieron este miércoles con el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y acompañaron el pedido con una recolección de firmas. El objetivo es que la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, avance en Diputados y pueda convertirse en ley.
La familia sostiene que la regulación es necesaria para establecer responsabilidades claras, controles y requisitos mínimos que permitan a los padres conocer si una escuela de verano está debidamente habilitada y cuenta con las condiciones necesarias para recibir niños.
“Lo que estamos reclamando es que la Cámara de Diputados le dé sanción definitiva a la Ley de Escuelas de Verano”, explicó María José Crimi durante la movilización.
Según planteó, el proyecto lleva más de un año con media sanción del Senado y, pese a que se realizaron modificaciones solicitadas durante su tratamiento, todavía no fue convertido en ley.
La familia volvió a insistir en que el objetivo es que los niños puedan participar de actividades durante el verano bajo condiciones de seguridad previamente establecidas. “Nuestra intención es que este verano los chicos puedan asistir a una escuela de verano seguros”, expresaron.
Los padres también remarcaron que la necesidad de este tipo de espacios se vincula con la realidad de muchas familias que continúan trabajando durante el verano y necesitan contar con lugares seguros para sus hijos.
Qué propone la Ley de Escuelas de Verano
El proyecto busca establecer un marco común para las escuelas de verano públicas y privadas de Mendoza y fijar criterios para su funcionamiento y supervisión.
Uno de los puntos centrales es la creación de un registro de establecimientos habilitados, de manera que las familias puedan conocer previamente si el lugar al que concurrirán sus hijos cuenta con la autorización correspondiente.
También se plantean controles coordinados entre la Provincia y los municipios, con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento y seguridad de estos espacios.
Entre los aspectos que la familia considera fundamentales aparecen además los requisitos vinculados con las piletas y la cantidad de niños a cargo de cada profesor, la capacitación en RCP y la formación del personal que trabaja con los chicos.
Los padres también reclamaron que quienes estén a cargo de las actividades cuenten con una preparación adecuada y plantearon la importancia de que se considere la participación de estudiantes de Educación Física en las tareas correspondientes.
El plan de contingencia, otro de los puntos del proyecto
La iniciativa también contempla la elaboración de un plan de contingencia para actuar ante situaciones especiales o emergencias.
Para la familia de Faustino, contar con protocolos claros resulta fundamental para establecer de antemano qué debe hacerse frente a una situación de riesgo y quiénes son los responsables de actuar.
El reclamo apunta, en ese sentido, a que exista un marco normativo específico que determine cómo deben organizarse las escuelas de verano y qué controles deben superar antes de comenzar sus actividades.
Los padres sostienen que actualmente existe una diferencia entre las exigencias que atraviesan los chicos durante el ciclo lectivo y las condiciones que encuentran durante las temporadas de verano.
Durante la jornada, María José Crimi y Diego Díaz fueron recibidos por Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza. La familia planteó ante el legislador las dudas que todavía existen sobre la aplicación de la futura normativa.
Uno de los principales interrogantes está relacionado con quién tendrá a cargo la regulación y los controles: si la competencia será provincial, municipal o si será necesario que los municipios adhieran al nuevo régimen.
La familia señaló que la reunión permitió volver a plantear estas cuestiones y que esperan que el proyecto pueda avanzar en la Cámara baja.
La presencia de Lombardi en la Legislatura está confirmada por la propia Cámara de Diputados, que lo identifica como su actual presidente.
El proyecto fue impulsado tras la muerte de Faustino
La iniciativa tiene como uno de sus principales antecedentes el caso de Faustino Díaz Crimi, quien murió el 5 de febrero de 2025 mientras participaba de una escuela de verano en el Marista Rugby Club.
El niño sufrió un ahogamiento en una de las piscinas del establecimiento. Según determinó la necropsia, se encontraba en un sector cuya profundidad alcanzaba los 1,90 metros.
A partir de aquella tragedia, la familia comenzó a impulsar cambios para establecer reglas específicas para las escuelas de verano y evitar que otros chicos atraviesen situaciones similares.
“Pasó lo que pasó y nos encontramos que no había normativa, que no hay nada que diga cómo se tienen que hacer las cosas, quién tiene que controlar”, plantearon los padres.
La causa por la muerte de Faustino continúa
En paralelo al reclamo legislativo, la investigación judicial por la muerte de Faustino Díaz Crimi continúa abierta.
Según la información difundida recientemente, seis personas quedaron imputadas por homicidio culposo. A los cuatro acusados que ya formaban parte del expediente —Brenda Fuster, Daiana Gómez, Paulo Depetri y Máximo Pizzaro— se sumaron Leandro Martín Cappa Robles y David Manuel Bullaude Díaz.
La investigación busca establecer las responsabilidades relacionadas con las tareas de supervisión, coordinación y cuidado de los niños durante la actividad, además de analizar la participación de quienes prestaban servicios vinculados con la escuela de verano.
La imputación, de todos modos, no implica una condena y la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial.