Pacientes que recibieron un trasplante aseguran que enfrentan dificultades para acceder a los medicamentos inmunosupresores y a los pasajes para realizar controles médicos. Advierten que el incumplimiento de la normativa pone en riesgo su salud y afecta la continuidad de los tratamientos.
Aunque Mendoza adhirió hace varios años a la Ley Nacional de Protección Integral para Personas Trasplantadas, pacientes y familiares aseguran que gran parte de los beneficios contemplados en la normativa todavía no se aplican de manera efectiva. Entre los principales reclamos aparecen las demoras en la entrega de medicamentos inmunosupresores, la falta de pasajes para asistir a controles médicos y la ausencia de una reglamentación completa de la ley provincial.
Denuncian incumplimientos de la ley que protege a personas trasplantadas
La provincia de Mendoza adhirió en 2020 a la Ley Nacional 26.928, mediante la Ley Provincial 9.199, cuyo objetivo es garantizar derechos sanitarios, sociales y laborales para las personas que recibieron un trasplante o permanecen en lista de espera.
Sin embargo, los pacientes aseguran que existe una gran diferencia entre lo que establece la legislación y su implementación cotidiana.
Según explicaron, la falta de reglamentación de algunos puntos impide que numerosos beneficios puedan hacerse efectivos, especialmente para quienes viven lejos de la Ciudad de Mendoza y deben trasladarse periódicamente para realizar controles con los equipos médicos.
Las organizaciones que representan a personas trasplantadas sostienen que estas falencias afectan directamente la calidad de vida de quienes dependen de tratamientos permanentes para preservar el órgano recibido.
Uno de los reclamos más urgentes está vinculado a la entrega de los medicamentos inmunosupresores, indispensables para evitar que el organismo rechace el órgano trasplantado.
Los pacientes denuncian que en varias oportunidades sufrieron demoras en las autorizaciones, interrupciones temporales en la provisión o complicaciones administrativas al momento de renovar la medicación.
Advirtieron que estos tratamientos no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia, ya que hacerlo representa un riesgo directo para la supervivencia del órgano y para la salud del paciente. “Una persona trasplantada debe tomar esta medicación de por vida. Si falta, puede perder el órgano”, señalaron desde las organizaciones de pacientes.
Otro de los problemas planteados está relacionado con el acceso al transporte gratuito para quienes deben viajar desde distintos departamentos de la provincia hacia los centros especializados donde reciben atención.
Según explicaron, muchos pacientes del sur mendocino o de zonas alejadas tienen dificultades para conseguir los pasajes contemplados por la ley, lo que en algunos casos provoca que posterguen controles médicos fundamentales.
Incluso, aseguraron que algunos profesionales de los equipos de trasplante manifestaron su preocupación porque hay pacientes que no pueden asistir a los controles simplemente por no contar con los recursos económicos para afrontar el traslado.
El pedido al Estado: “Necesitamos que se cumpla la ley”
Las organizaciones de personas trasplantadas remarcaron que la donación de órganos les permitió tener una segunda oportunidad de vida, pero consideran que el acompañamiento estatal debe continuar una vez realizado el trasplante.
Por ese motivo solicitaron que se reglamente plenamente la legislación vigente, se garantice el acceso permanente a los medicamentos inmunosupresores y se facilite el transporte para quienes necesitan controles médicos periódicos.
También convocaron a la comunidad a visibilizar el reclamo para que las autoridades avancen en la implementación efectiva de todos los derechos contemplados por la ley.