La Toyota Hilux que permanecía enterrada desde el 8 de agosto en la Pampa del Leoncito, en Calingasta, finalmente fue retirada tras una autorización judicial y bajo un operativo especial. El conductor y su acompañante fueron sancionados con una multa.
Después de varios días atrapada en medio de la Pampa del Leoncito, finalmente la Toyota Hilux blanca que había quedado enterrada en el área protegida fue retirada del lugar. El vehículo había ingresado el pasado 8 de agosto por un sector no habilitado y terminó empantanado sobre la planicie de Barreal Blanco, en San Juan. La situación generó preocupación por el impacto provocado sobre una superficie particularmente frágil.
El operativo de extracción quedó registrado en fotos y videos y se concretó luego de que la Justicia autorizara el procedimiento bajo condiciones específicas para evitar que el retiro ocasionara nuevos daños. La camioneta era conducida por el médico Agustín Añó, de 46 años, quien viajaba acompañado por Pablo Andrés Abraham.
Así fue el operativo para retirar la camioneta de Pampa del Leoncito
La extracción fue ordenada por el Juzgado de Paz Letrado de Calingasta, a cargo del juez Andrés Troche. Según lo dispuesto judicialmente, el procedimiento debía realizarse el viernes entre las 17.30 y las 19, con la presencia y supervisión de distintos organismos.
Participaron efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Comisaría 33 de la Policía de San Juan y representantes de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La intervención debía realizarse con especial cuidado debido a las características del suelo. La Hilux había quedado parcialmente enterrada en una superficie formada por arcilla y limo, por lo que una extracción sin planificación podía generar nuevas alteraciones.
La camioneta llevaba días enterrada en la planicie
Cuando ocurrió el episodio, la Toyota Hilux registrada en Mendoza quedó atrapada con parte de sus ruedas hundidas en el terreno.
La situación se complicó porque los ocupantes habían intentado liberarla antes de que intervinieran las autoridades. Para hacerlo, bajaron una moto de la caja y utilizaron una escalera metálica como una especie de rampa para intentar mover el vehículo.
La maniobra no logró sacar la camioneta del lugar y, de acuerdo con la información incorporada al expediente, produjo nuevas marcas sobre la superficie de la planicie.
Por las condiciones del terreno, inicialmente se había considerado que la extracción podía postergarse hasta el verano. Sin embargo, las evaluaciones posteriores realizadas por las autoridades permitieron avanzar con el operativo antes de ese momento.
La prioridad fue encontrar una alternativa que permitiera retirar el vehículo sin profundizar el daño ambiental.
Uno de los aspectos que más preocupa después de la extracción es el estado en que quedó la Pampa del Leoncito. La camioneta ya no se encuentra en el área protegida, pero las marcas que dejó sobre el terreno permanecerán durante mucho tiempo.
De acuerdo con la sentencia judicial, el episodio afectó aproximadamente 280 metros cuadrados de superficie. Las maniobras provocaron la ruptura de la costra superficial del suelo y el desplazamiento de sedimentos.
Se trata de un ambiente especialmente vulnerable, donde la recuperación natural de las huellas puede demandar décadas.
La propia Justicia estimó que el proceso de recuperación podría extenderse entre 50 y 80 años, mientras que especialistas de la Universidad Nacional de San Juan citados en relación con el caso señalaron que algunas marcas producidas por la tracción del vehículo podrían tardar cerca de un siglo en revertirse.
¿De cuánto fue la multa por ingresar con la camioneta?
Además de ordenar el retiro del vehículo, la Justicia de San Juan estableció una sanción económica para quienes participaron del episodio.
El conductor Agustín Añó y su acompañante, Pablo Andrés Abraham, fueron condenados al pago de una multa por el ingreso al área protegida y por las maniobras realizadas posteriormente para intentar sacar la camioneta.
La sanción fue fijada en el equivalente a 16 sueldos de la administración pública provincial, tomando como referencia el escalafón administrativo mínimo.
Con los valores establecidos, cada uno deberá afrontar una multa de aproximadamente $4,3 millones. De esta manera, entre los dos condenados, el monto total alcanza los $8,6 millones.