La decisión del gobierno de Donald Trump paralizó entrevistas en embajadas y consulados, en el marco de una capacitación consular que endurece los criterios de admisión. El alcance es global y afecta tanto a visas de inmigrante como de no inmigrante, dejando en suspenso miles de trámites.
En una decisión que impacta de manera directa en miles de solicitantes, Estados Unidos suspendió las citas para tramitar visas en todo el mundo. El anuncio, oficializado el 26 de agosto de 2026, se enmarca en un plan de la administración de Donald Trump para endurecer los criterios de admisión y aplicar de forma más estricta el concepto de “carga pública”.
El Departamento de Estado explicó que la interrupción se debe a una capacitación simultánea en todas las sedes consulares. El objetivo es que los oficiales cuenten con nuevas herramientas para evaluar si un solicitante podría convertirse en una persona dependiente de asistencia social una vez en territorio estadounidense. Este criterio, que ya había generado controversia en años anteriores, ahora se instala como parámetro central en la política migratoria.
La suspensión tiene alcance global y afecta tanto a visas de inmigrante —como las de reunificación familiar o residencia permanente— como a visas de no inmigrante, entre ellas las de turismo, negocios y estudios. Los solicitantes que tenían entrevistas programadas recibieron notificaciones de cancelación y deberán esperar a que se anuncien nuevas fechas, aunque el gobierno norteamericano no precisó un calendario de reprogramación.
La medida se inscribe en un contexto de endurecimiento migratorio más amplio. En los últimos meses, la administración Trump avanzó con la revocación de miles de visas B1/B2 emitidas desde 2016 y con restricciones a ciudadanos de decenas de países bajo el argumento de seguridad nacional. Aunque algunos de estos lineamientos fueron cuestionados en tribunales federales, la Casa Blanca insiste en sostener un plan integral que limite la inmigración legal.
Familias que esperaban concretar procesos de reunificación, estudiantes con planes académicos y profesionales con contratos laborales enfrentan ahora una incertidumbre que complica proyectos personales y laborales. El sector turístico también observa con preocupación, ya que la pausa afecta viajes planificados para los próximos meses.
Organizaciones de derechos humanos y abogados especializados advierten que la política que se esta planteando podría generar un cuello de botella en el sistema consular y prolongar los tiempos de espera durante meses. Además, alertan que la aplicación del criterio de “carga pública” podría derivar en rechazos discrecionales y afectar a solicitantes de países que no están formalmente incluidos en listas de restricción.
Qué significa el concepto de “carga pública”
El criterio de “carga pública” en Estados Unidos es una norma migratoria que permite negar una visa o la residencia permanente a personas que, según la evaluación de las autoridades, podrían depender de beneficios sociales financiados por el Estado. En otras palabras, el gobierno busca asegurarse de que los inmigrantes sean autosuficientes y no representen un gasto para los contribuyentes.
Quiénes están sujetos y quiénes exentos
- Sujetos al criterio:
- Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses.
- Familiares de residentes permanentes.
- Prometidos de ciudadanos (visa K-1).
- Inmigrantes basados en empleo, inversionistas y trabajadores religiosos.
- Exentos del criterio:
- Refugiados y asilados.
- Beneficiarios de visas T (trata de personas) y U (víctimas de delitos).
- Jóvenes inmigrantes especiales.
- Solicitantes bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
- Solicitantes de Estatus de Protección Temporal (TPS).