El Gobierno nacional analiza reemplazar la ley de etiquetado frontal aprobada en 2021 para unificar criterios con el Mercosur. La iniciativa reavivó el debate entre especialistas, que advierten sobre un posible retroceso en el acceso a información nutricional clara y en la prevención de la obesidad infantil.
La normativa vigente obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías. Además, establece restricciones a la publicidad dirigida a niños, impidiendo que productos con sellos utilicen personajes infantiles, influencers, mascotas o figuras reconocidas para incentivar el consumo.
Desde su implementación, la ley tuvo como principal objetivo combatir los altos índices de obesidad y sobrepeso, especialmente en niños y adolescentes, además de prevenir enfermedades asociadas como hipertensión, diabetes y problemas cardiovasculares.
Qué cambios propone el Gobierno
La iniciativa del Ejecutivo apunta a adoptar un reglamento técnico regional unificado dentro del Mercosur, armonizando el etiquetado nutricional con países de la región.
La propuesta toma como referencia sistemas utilizados en Brasil, donde el etiquetado frontal funciona con advertencias basadas en cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos o mililitros de producto y no mediante múltiples octógonos negros como ocurre actualmente en Argentina.
Además, podría reducirse la cantidad de sellos de advertencia y modificarse la forma de presentación de la información nutricional. En algunos modelos regionales también se permite el uso de figuras, personajes o campañas de marketing en envases de productos, algo que hoy está restringido por la ley argentina.
La mirada de los especialistas
La licenciada en Nutrición y decana de la Facultad de Nutrición de la Universidad Maza, María Cecilia Llaver, defendió el espíritu de la legislación y consideró que aún es temprano para medir su impacto total, aunque destacó avances importantes.
Según explicó, el etiquetado frontal no solo busca informar al consumidor sino también promover cambios en la industria alimenticia, impulsando la reformulación de productos con menos azúcar, sodio o grasas.
“Es una ley de salud pública para proteger a la población, sobre todo a las infancias. También ayudó a que muchas empresas reformularan alimentos para reducir componentes críticos”, señaló.
Llaver remarcó que el problema del sobrepeso infantil representa una de las principales preocupaciones sanitarias actuales y advirtió que flexibilizar las advertencias podría afectar la prevención de enfermedades futuras.
“La finalidad es evitar que nuestros niños sean adultos enfermos”, sostuvo.
La especialista aclaró que la ley puede perfeccionarse y acompañarse de más información nutricional, como detalles por cada 100 gramos de producto, pero consideró que eliminar los sellos sería una decisión equivocada.
El debate entre salud y economía
Desde el Gobierno argumentan que la ley vigente generó costos adicionales para las empresas alimenticias, afectó la comercialización de ciertos productos y provocó diferencias regulatorias con otros países del Mercosur.
También sostienen que el etiquetado frontal habría incidido en una caída del consumo de algunos alimentos industrializados, especialmente bebidas azucaradas y productos con altos niveles de sodio o grasas.
Sin embargo, sectores que impulsaron la norma rechazan esa postura y consideran que la baja en ventas responde principalmente al deterioro del poder adquisitivo y no a la presencia de octógonos en los envases.
Dirigentes que participaron en la sanción de la ley, de distintos espacios políticos, coincidieron en que derogar la norma implicaría un retroceso en el derecho de los consumidores a contar con información clara y visible al momento de comprar alimentos.
Qué opinan los consumidores
Entre los mendocinos consultados, hubo opiniones divididas, aunque predominó el respaldo al etiquetado frontal como herramienta de información.
Muchos destacaron que los octógonos permiten identificar rápidamente qué productos tienen exceso de azúcar, sodio o grasas, ayudando a tomar decisiones más conscientes al momento de comprar.
Otros, en cambio, consideraron que todavía falta mayor información y educación nutricional para comprender mejor qué significa cada advertencia y cómo impacta en la salud.
Mientras avanza el debate, especialistas insisten en que cualquier modificación debería priorizar el acceso a información clara para el consumidor y sostener políticas de prevención frente al crecimiento de enfermedades vinculadas a la mala alimentación.