La medida beneficiará a miles de familias que no pueden acceder a la titularidad de sus casas, incluso con deudas vigentes. El trámite se iniciará en julio y contempla importantes reducciones de costos.
El Gobierno de Mendoza, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), puso en marcha una nueva reglamentación que busca destrabar la escrituración de viviendas entregadas por el Estado provincial y por entidades intermedias. La iniciativa apunta a regularizar la situación de más de 19.000 viviendas a nombre del IPV, así como un número similar perteneciente a cooperativas y otras organizaciones.
Según explicó el titular del organismo, Gustavo Cantero, la nueva ley ya fue reglamentada y permitirá que quienes hayan cancelado su vivienda —o la estén pagando en término— puedan acceder a la escritura, incluso en presencia de deudas menores. La intención es brindar seguridad jurídica a los propietarios, facilitar la venta o transferencia familiar de las viviendas y dinamizar el mercado a través del acceso al crédito con garantía hipotecaria.
Uno de los principales obstáculos que enfrentaban los adjudicatarios era el alto costo de escrituración, dado por tasas municipales y provinciales. La reglamentación contempla acuerdos con municipios, la Dirección General Impositiva (DGI) y AYSAM para eximir del pago de tasas de transferencia. Así, el único gasto que deberán afrontar los titulares será el de los escribanos, con posibilidad de financiarlo en hasta 12 cuotas a través del IPV.
Plan de escrituración del IPV: ¿Cómo se podrá acceder?
El IPV iniciará el proceso en julio con una primera etapa enfocada en barrios ya relevados, cuyas viviendas estén canceladas o al día. Los interesados podrán verificar su situación en la página web del organismo, acercarse a sus oficinas o a los Centros de Atención Municipal. Para casos de entidades intermedias, se coordinará directamente con las municipalidades correspondientes.
También se permitirá incluir en esta etapa a familias que aún no cancelaron su casa, pero mantienen sus cuotas al día y expresan voluntad de acogerse al programa.
Las viviendas incluidas en este proceso son en su mayoría sociales, con prestaciones básicas —dos dormitorios y servicios esenciales—, otorgadas a sectores con ingresos bajos o medios según corresponda. La diversidad radica, según explicaron desde el IPV, en el perfil socioeconómico de las familias y no en las características físicas de las propiedades.
“Con esta ley buscamos que quienes habitan una casa y la han pagado, puedan finalmente acceder al título de propiedad. Es una deuda que arrastramos desde hace años y que ahora estamos en condiciones de resolver”, sostuvo Cantero, quien resaltó que la clave del éxito será el trabajo coordinado entre el IPV, los municipios y los propios beneficiarios.