El diputado provincial Marcos Niven (Partido Demócrata) presentó un proyecto de ley para que se instalen cámaras Go Pro en los vehículos de uso público y privado, como una medida concreta tendiente a disminuir los accidentes de tránsito y para acelerar resoluciones judiciales al respecto.
La iniciativa del legislador se basa en el alto índice de siniestralidad vial que registra Mendoza y que la coloca entre las provincias de mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito.
Niven asegura que con este proyecto Mendoza sería la primera provincia del país en contar con una legislación al respecto, y se sumaría a Rusia y algunos estados de Estados Unidos, donde los resultados han sido auspiciosos en la resolución de las causas y también para evitar los fraudes a las compañías de seguros, por los siniestros simulados, lo que permitiría además reducir el alto grado de litigiosidad que tiene nuestra provincia en el contexto nacional.
Según fundamenta el diputado la iniciativa, ya son más de 180 los fallecidos en calles y rutas este año, pero en 2016 se elevaron a 286 los muertos que contabilizó la ONG Luchemos por la Vida al contemplar los decesos ocurridos en forma inmediata y los que posteriormente se producen en los hospitales. Con este escenario en lo que va de 2017 se superaría ampliamente la cifra de fallecidos en el mismo período del año pasado.
Por otra parte, un informe estadístico de la siniestralidad vial grave en Argentina en el primer semestre del año, elaborado por el Observatorio del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) coloca a Mendoza en el primer lugar del país en cuanto a muertos por siniestro vial grave, con un índice de 1,08. Esto quiere decir que hubo 1 muerto por cada accidente, lo que revela la gravedad de la situación.
En el informe también puede verse que en la región de Cuyo (no incluye La Rioja), Mendoza concentra este año el 65% de los fallecidos: San Juan tiene 30% y San Luis el restante 5%. Las tres provincias representan juntas el 7,3% de los accidentes mortales que se produjeron en el país, pero también el 12.8% de los muertos.
Así, el proyecto sugiere que “no alcanza con las multas, sanciones más graves, mayor cantidad de policías y radares” y que se requiere otro tipo de tecnología moderna para tender a evitar los siniestros y ayudar a su pronta resolución judicial.
Es que la mayoría de los casos de lesiones culposas por accidentes de tránsito (que en el año 2016 totalizaron 6.908 en nuestra provincia) quedan sin resolución en las unidades fiscales y se procede a su archivo por falta de mérito o por no instarse la acción penal. Por lo tanto los autores de las infracciones que ocasionan esos accidentes no sufren sanciones algunas, salvo que se los demande por daños y perjuicios y en la mayoría de los casos los costos los afrontan las compañías de seguros, pero no reciben sanciones administrativas o penales.
“Se deben usar todos los mecanismos posibles que tengan por objeto disminuir el grado de siniestralidad que tiene nuestra provincia, por el transporte automotor”, argumenta el legislador del Partido Demócrata.
Y en esto radica la necesidad de establecer la obligación de instalar video cámaras del tipo “Go Pro”, en todos los vehículos públicos y privados, de carga y pasajeros, que transiten por la provincia. Este sistema se aplica con la simple colocación de un aparato de video cámara en el parabrisas delantero con visión hacia el frente del automotor, que va grabando permanentemente mientras el rodado circula y con un ángulo de 180 ° lo que permite una grabación amplia y en alta definición.
Al respecto, señala que “esta videograbación no viola el derecho a la intimidad, dado que la lente está dirigida hacia el frente del automotor y no a su interior”. El material grabado será considerado como probatorio y podrá ser requerido al chofer del automotor por parte de la autoridad policial o judicial que lo necesite para disipar dudas sobre algún accidente o problema en la circulación.
El propietario del rodado no podrá negarse infundadamente a mostrar las video grabaciones, bajo pena de una sanción.
Por otra parte, establece que se exija a las concesionarias de vehículos de todo tipo 0 km, la colocación de esa video cámara como equipamiento básico obligatorio, y que su implementación sea gradual primero el transporte público de carga y pasajeros y después los privados y vehículos usados, para que en un tiempo determinado sea de uso general, siendo la reglamentación de la ley la que fije los tiempos de su aplicación.