El gobierno de Javier Milei buscan implementar un arancel para los estudiantes extranjeros no residentes en el país que deseen estudiar en universidades públicas argentinas. La Casa Rosada busca modificar la Ley de Educación Superior, otorgando la facultad a cada casa de estudio para que, si así lo decide, cobre a los inmigrantes por los estudios que realicen en el país.
La decisión se anunció un día después de la marcha universitaria en contra del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno salió a decir que no cambiará de decisión.
En este contexto, el Ministerio de Educación ha informado que la cantidad de estudiantes extranjeros en el país ha crecido de manera sostenida. En 2015, eran casi 56.000, mientras que en 2021 la cifra alcanzó los 117.820. Esta tendencia pone en discusión la sostenibilidad del sistema educativo gratuito para aquellos que no son residentes en Argentina.
Desde el Ejecutivo, aseguran que la gratuidad de la educación pública sigue garantizada para los ciudadanos argentinos residentes. Además, argumentan que la Ley Bases ya contempla la posibilidad de aplicar aranceles a los extranjeros, algo que podría ser reglamentado en las próximas semanas. Durante el debate inicial de esta ley, se propuso modificar el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, con el objetivo de permitir a las universidades nacionales cobrar por los servicios educativos a aquellos estudiantes que no sean ciudadanos argentinos o que no tengan residencia permanente en el país.
El texto original de la ley incluía una disposición que permitiría a los estudiantes extranjeros acceder a becas. También planteaba la posibilidad de que las universidades estatales firmaran acuerdos con otras entidades, tanto nacionales como internacionales, para compartir recursos y promover intercambios educativos. Sin embargo, esta cláusula fue eliminada durante el largo debate parlamentario que llevó a la aprobación del proyecto.
En el Gobierno, insisten en que la intención no es desfinanciar el sistema universitario, sino que las autoridades de las instituciones educativas brinden un detalle más transparente sobre cómo utilizan los fondos públicos.
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